Un cáncer llamado Electricaribe

Para nadie es un secreto que muchas regiones del país padecen  una pésima prestación del servicio de energía eléctrica por parte de Electricaribe y que, como es habitual, no pasa nada con la irresponsable gestión de los directivos de esta empresa. Es inconcebible cómo miles de personas no solo tienen que sufrir con un pésimo servicio, sino que además deben asumir la carga de pagar una de las facturas de energía más costosas de todo el país, pese a que en muchos momentos del día no pueden acceder a este servicio. 

Ahora bien, la prestación del servicio es solo uno de los graves problemas de Electricaribe. Como pasa con la mayoría de las entidades en Colombia, Electricaribe no es ajena a la corrupción: según cifras divulgadas por el Contralor de la República, Edgardo Maya, se entiende que son cerca de $65.000 millones los que se encuentran involucrados en las irregularidades que se encontraron en la auditoría realizada por tal entidad  a los contratos para la normalización de más de 73.000 usuarios de la región Caribe. 

Los directivos de Electricaribe, en vista de lo anterior,  son algo así como los nuevos Nule. Primero, no solo defraudan a todos y cada uno de los usuarios suscritos, sino que adicionalmente, lo hacen con la fe pública al momento de la ejecución contractual, prestando un pésimo servicio público y sin rendir cuentas a nadie. En varias oportunidades han sido citados en el Congreso de la República para que expliquen de manera pública las razones por las cuales las cuentas no cuadran y los usuarios no tienen el servicio que exige la Constitución,  y que además, está reglamentado por la Ley 142 de 1994, normativa a la que están obligados contractualmente con sus usuarios al momento en que estos aceptan la prestación del servicio de energía. Los directivos no aparecen.

Es aterrador que ante estas alertas, la Superintendencia de Servicios Públicos no haya hecho nada. Apenas la apertura de una investigación, cuando son públicamente conocidas las fallas en el servicio, la defraudación para lograr el cubrimiento exigido y los excesos en el cobro que tienen que soportar los usuarios ante la mirada cómplice de las autoridades, mientras que los señores de Electricaribe posan para las páginas sociales. Colombia no se compadece de su realidad y no podrá avanzar bajo ninguna circunstancia si no cambiamos la mentalidad de mediocridad que inunda al servicio público o la corrupción que carcome lo poco que queda de institucionalidad. 

La Ley 142 de 1994, denominada la Ley de Servicios Públicos en el país, dota de herramientas a la Superintendencia de Servicios Públicos para poder frenar las aberrantes prácticas de Electricaribe, que como las de los Nule, son un cáncer que merece ser extirpado sin compasión. Los artículos 58 y 59 de la mencionada ley marcan la pauta para que esta sociedad sea intervenida de inmediato, con el objetivo de garantizar la prestación del servicio y evitar que por causa de su negligencia se presenten problemas de orden público. 

El nivel de permisividad de la Superservicios con Electricaribe es en extremo perjudicial. Esta entidad nació para velar por una correcta y eficaz prestación de los servicios denominados “de orden público” por la Constitución y no para ser trinchera para el incumplimiento de las obligaciones constitucionales, legales y contractuales de esta compañía. Una entidad no puede perder su brújula misional por razones ajenas a su función o por presumible corrupción. 

Es increíble cómo los directivos evitan el debate de manera descarada y tratan de confundir a la opinión sobre la problemática de las irregularidades en el cobro, en la prestación del servicio y en los hallazgos de la Contraloría, que no solo salpican a Electricaribe, sino que comprometen a un Ministerio que por años se dedicó a ser el impulsor de la locomotora minero-energética sin medir consecuencias.  Tal es la razón para que hoy tengamos un Leviatán llamado Electricaribe: a la usanza del presidente Santos,  se busca ser popular, y no eficiente y eficaz.