La Ley 1286 de enero 23 de 2009 definió unos parámetros básicos para activar el desarrollo del conocimiento científico y tecnológico, incrementar la competitividad del país y a través de la innovación dar valor agregado a los productos y servicios que puede ofrecer el empresario colombiano a partir de alianzas estratégicas de alto contenido tecnológico entre los emprendedores sociales, las universidades y el Estado. El propósito fundamental de la ley era estimular la iniciativa privada, la creatividad, la transferencia de tecnología y la reconversión industrial. Todo esto debería traducirse en desarrollo sostenible, productividad y competitividad.
Para nadie es un secreto que tenemos deficiencias en infraestructura vial y dificultades para armonizar el crecimiento con un desarrollo equitativo de las regiones y de sectores de la población que no tienen acceso al crédito, a tecnología y a insumos que en las actuales condiciones del mercado, encarecen el producto final, como se está evidenciando con las reclamaciones de la población campesina.
Hay que generar respuestas realistas y efectivas que mejoren la calidad de vida de nuestros conciudadanos. Es necesario romper el círculo vicioso que se alimenta por la indefinición frente a una agenda estratégica nacional y frente a las áreas sobre las cuales debe gravitar el crecimiento económico y la equidad social. La educación, la investigación aplicada, el acceso al crédito y a tecnologías de vanguardia, son las variables que se deben conjugar. Es inaudito que se firmen tratados de libre comercio sin consultar nuestra verdadera capacidad de respuesta frente a la arremetida de la oferta extranjera, sin que conozcamos nuestras fortalezas y ventajas comparativas en materia de recursos naturales y biodiversidad, y sin que se desarrollen conceptos tan universales como el de capital de riesgo aplicado a la investigación.
La confianza inversionista no solamente debe traducirse en extracción y exportación de recursos naturales no renovables, sino debe ser sinónimo de transferencia de tecnología, equidad social y de mejoramiento de las condiciones de vida de los colombianos.
Muchas zonas del país podrían ser hoy verdaderos centros de emprendimiento, pero es muy difícil entenderlo cuando se firman tratados de libre comercio con diferencias estructurales frente a quienes nos inundan con sus productos, y cuando nuestros indicadores en ciencia, tecnología, innovación y patentes internacionales son muy precarios. Entre el 1 de enero de 1977 y el 31 de diciembre de 2011 la Secretaría de Comercio de los Estados Unidos le otorgó 98.079 patentes a Corea del Sur, mientras que en el mismo periodo a Colombia solamente le fueron concedidas 298 patentes. Qué desproporción! Los guarismos son iguales de reveladores, ya no frente a otros países, sino también frente a varios Estados de EE.UU. como Arizona, California y la misma Florida.
Es importante revivir la propuesta de un Megalaboratorio de patentes y Valor Agregado realizada hace varios años por un grupo interdisciplinario liderado por el experto en patentes Carlos Alberto Plata. A estas alturas no podemos pensar en ser competitivos en términos de número de patentes, porque necesitaríamos 150 años para igualar el registro de patentes que Japón tenía en el año 1965. Lo que si podemos hacer es competir en calidad de patentes, porque tenemos ventajas comparativas en recursos naturales, creatividad y biodiversidad. Somos lo que lo que la nueva generación de banqueros de inversión ha denominado un “Banco genético tropical”.
