“Brava la vecina por que se robó mi gallina”

El pasado martes, José Miguel Mendoza, superintendente de Servicios Públicos, anunció la intervención, para posterior liquidación, de la sociedad Electricaribe, debido a los incumplimientos reiterados en la inversión en infraestructura eléctrica dentro del Plan 5 Caribe, que permitiría mejorar la cobertura y los niveles de satisfacción en la prestación del servicio público de energía en la región. 

Sin hacerse esperar, la empresa Gas Natural Fenosa -que en palabras simples es la mayor accionista (o la dueña) de Electricaribe-, mediante un comunicado de prensa, ha anunciado su intención de acudir ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias (Ciadi) del Banco Mundial, con el fin de resolver lo que a juicio de la compañía viola hechos consumados. Este litigio podría valorarse en cerca de $3,2 billones en contra del Estado colombiano. 

La intervención de Electricaribe era crónica de una muerte anunciada. Si bien es cierto que en algunas regiones donde la compañía presta el servicio existe un problema social en la falta de pago por parte de algunos usuarios, esta situación debe analizarse con base en dos hechos: 1. En algunos casos la ausencia de pagos fue la respuesta obvia y la única arma del usuario ante los cobros excesivos y la falta en la prestación del servicio: había municipios a los que se les aplicaba una especie de “pico y placa” eléctrico, por lo que no se podía gozar a plenitud del servicio durante las 24 horas del día; 2. Es evidente que dentro de la debida diligencia que hace una empresa a la hora de realizar inversiones de este tipo y para valorar si es rentable o no, su equipo estructura una matriz de riesgos que contempla todos aquellos asociados a la prestación del servicio, entre estos el de la falta de pago. 

Al ser un evento o riesgo conocido, previsible y valorado como una de las contingencias del negocio, este no podrá ni alegar su propia culpa en la incorrecta previsión o valoración del riesgo, sumado al hecho de que decidió asumirlo, por lo que es reprochable que trate de usar como trinchera este evento para incumplir con el compromiso de inversión para la mejora de la infraestructura en el país. 

Sin lugar a dudas, los señores de Electricaribe son el ejemplo de la desfachatez, pues no contentos con maltratar por casi 17 años a cerca de 10 millones de usuarios con sus abusos en los cobros y las deficiencias en la prestación del servicio, ni con haberle, además, hecho ‘conejo’ a Colombia con la inversión para la mejora de la infraestructura y del servicio, ahora resulta que les salimos a deber y pretenden lucrarse aún más en los tribunales, abusando de su derecho en demérito del de los colombianos que fueron víctimas de esta empresa, la cual pretendía seguir en la absoluta impunidad.  

Señores Gas Natural Fenosa: la época de la colonia terminó. Ustedes vinieron a hacer un negocio y cumplir con unas obligaciones para mejorar la infraestructura del país, no a llevarse el oro sin consecuencias. No es un favor cumplir con el Plan 5 Caribe: era su obligación y, ante los reiterados incumplimientos, el Estado colombiano no tuvo más opción que intervenir -no expropiar- una compañía en virtud de garantizar la prestación de un servicio público a sus ciudadanos en un estado social de derecho. 

Ahora bien, como según mi criterio le asiste razón a la Superintendencia de Servicios Públicos en su decisión de intervenir y como es evidente e inminente que se promoverá un tribunal para dirimir la controversia, debemos no solamente rodear desde todos los sectores al Superintendente, sino que desde el Gobierno se tiene que empezar desde ya a estructurar y conformar un equipo real de defensa ante el litigio que le espera, el cual no puede terminar convirtiéndose en uno similar al que trabajó en el caso de San Andrés, pues de lo contrario terminaremos condenados. Hay profesionales en el país con suficiente palmarés como para estar a la altura de este tipo de causas.