martes, 28 de julio de 2020

Más columnas de este autor Guillermo Alfonso Jaramillo

AngloGold Ashanti es reconocida por ser una de las multinacionales mineras que más daño ambiental y social ha causado en los países donde ha hecho presencia.

El historial va desde financiación de paramilitares en el Congo, según denunció HRW en 2005; ostentar el rótulo de ‘empresa más irresponsable del mundo’ en 2011 que otorga Green Peace, debido a la contaminación del agua en Ghana; así como demandas por contaminación radioactiva alrededor del río Vaal de Sudáfrica en 2012.

A su vez, en 2013, el entonces Secretario General de la ONU, Kofi Annan, advirtió en su informe que en África se perdían US$38.000 millones anualmente, debido a evasión de impuestos por parte de AGA y otras multinacionales, por “transferencia de precios” hacia paraísos fiscales.
En el nivel nacional el panorama tampoco ha sido alentador. AGA llegó en 1999, lo hizo inicialmente a través de un tercero, la empresa Kedahda, cuya sede estaba localizada en las Islas Vírgenes Británicas. Asimismo 16 de sus filiales en Colombia también han estado vinculadas a paraísos fiscales, reduciendo el pago de impuestos a la Nación, acudiendo, al igual que en África, a la “transferencia de precios”.

AGA ha estado relacionada con violaciones de DDHH de indígenas en Risaralda; además de propiciar contextos adversos para líderes sociales y mineros artesanales. También ha recurrido a la figura de “puerta giratoria”, en la que altos funcionarios con incidencia en minería, pasan a ser parte de la compañía. Uno de ellos fue Julián Villarruel, antiguo director de Ingeominas que pasó al área directiva de ‘Gramalote’ en AngloGold.

Uno de los proyectos bandera de la compañía fue La Colosa, distrito minero que pretendía abarcar 200.000 hectáreas en el Tolima y Quindío. En el marco de este, la firma recibió una multa de $140 millones por el Minambiente en 2010, por no solicitar la sustracción del área de reserva forestal y por exploraciones ilegales desde 2007; situación que ya había denunciado Contraloría y Procuraduría. Estos hechos debieron generar la declaratoria de caducidad de la concesión minera.

Esta y otras firmas han encontrado resistencia de las comunidades a las que han llegado. En el Tolima, dichas luchas por preservar el agua para su vocación agrícola se remontan a los 70’, cuando con la presión ciudadana logramos detener la explotación sobre el río Saldaña por parte de Mineros El Dorado.
La primera derrota de AngloGold la propinó Piedras - Tolima en 2013, cuando por medio de la Consulta Popular 2.971 habitantes le dijeron No, frente a solo 24 personas que marcaron el Sí. Luego del triunfo de la Consulta en Cajamarca en 2017, este municipio ha profundizado su vocación agrícola. En 2019 los cajamarcunos ratificaron su posición, eligiendo como su alcalde a Julio Roberto Vargas, uno de los promotores del No a la mina. A pesar de todos estos hechos, el Estado aún se niega a culminar de una vez por todas este nocivo proyecto.

Es importante mencionar que las consecuencias de la minería también son devastadoras en el plano social, no en vano en Colombia, los municipios ubicados en zonas mineras tienen un índice de NBI inferior al de las agrícolas, según el Dane. Además de generar un desmesurado aumento del costo de vida que desplaza a los lugareños; y fenómenos de prostitución e inseguridad.
Por lo anterior, hoy encendemos las alarmas sobre los riesgos de intenciones de explotar en el páramo de Santurbán en Santander, así como Quebradona en Antioquia, que conllevarían resultados similares a los ya descritos.

Jericó, Támesis y los territorios aledaños deben preservar su vocación agropecuaria y de ecoturismo, conservando su patrimonio y cultura. La soberanía alimentaria redobla su importancia en medio del escenario de pandemia. Montañas, ríos y demás fuentes hídricas deben preservarse ¡El agua vale más que el oro!