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Sin externalizar la oposición, las propias contradicciones acaban con los principios y sabotean nuestras aspiraciones.
La indignación social se divide entre la objetividad de la miseria, la subjetividad de la pobreza, y la envidia por la inequidad. Este divergente punto de partida distorsiona el final de la crisis, y lo que estaríamos dispuestos a ceder por la famosa justicia social. Inherente a nuestra inconsecuencia, además, somos susceptibles a los cambios de deseo, y relativizamos o limitamos los principios que profesamos, o cuya reciprocidad procuramos.
Con tantas zonas -y escalas de- grises, estamos condenados a la falta de consenso y cumplimiento; por eso, la equidad arribaría en 99,5 años (Global Gender Gap Report 2020, WEF), aunque más de 80 países tienen legislación sobre cuotas de dirección y salarios entre cargos «equivalentes». Lo primero es absurdo, considerando la diversidad de criterio -género, raza, etc.-; es imposible satisfacer a todos de manera simultánea.
La segunda justifica o valida, a priori, que “algunos son más iguales que otros”; por eso privilegian ciertas actividades económicas, y apalancan las curvas salariales (exponenciales). Con este cinismo, Starbucks reportó que los ingresos de las mujeres alcanzan el 98,3% de los hombres, mientras su CEO ganó 1.049 veces lo que el empleado promedio
(https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/829224/000119312519017145/d623511ddef14a.htm, pg.52).
Entretanto, los accionistas de Microsoft, una de las cuatro empresas con mayor valoración bursátil en EE.UU., rechazaron otra iniciativa para gestionar la equidad de género (Bloomberg, 4/12/2019). Mientras verifica la polisemia de los «bucks» (y su alejamiento de los «big ones»), solo 5% de las empresas que componen el Stoxx 600 son consideradas paritarias (Gender Diversity Index 2019, EWoB); el machismo de las suizas y alemanas contrasta con las francesas y nórdicas, región que no es perfecta pero demuestra intención progresista.
En el planeta abunda el dumping tributario, y el abuso de exenciones acentúa la inequidad; así, los estadounidenses pagaban impuestos ubicuamente, los europeos migraban para evadirlos, y la información tributaria era pública en Finlandia, Noruega y Suecia. Ahora que se habla del “techo de cristal”, esa transparencia debería ser un principio no negociable, ¿verdad?
La privatización neoliberal corrompió el autocontrol, y, cristalizar los muros de esa información contribuiría a sincerar muchos indicadores, y fortalecer el control institucional con la veeduría social. Sin embargo, incluso en esos países la «confidencialidad» permite jugar con las interpretaciones, y maquillar datos.
Entra en escena esta variable, como antagonista, junto con la «seguridad»; por eso, no sólo se limitó el reporte de información, sino el alcance de las consultas, que, de hecho, eran anónimas. Choques de trenes, tal como los derechos fundamentales de nuestra Constitución, los principios se neutralizan entre sí (dignidad, igualdad, gratuidad v. accesibilidad, progresividad y gradualidad), y todo sigue igual.
Como sea, es necesario debatir sobre transparencia y publicación tributaria e igualdad plena del ingreso, sin discriminar cargos ni diversidad demográfica. De otra manera, seguiremos viviendo en una sociedad «privada» de derechos, camuflados en los «promedios» y las «sociedades anónimas».
