Impunidad, verdugo social

Vivimos en un país Santanderista, o eso escucho ya hace rato en referencia a nuestra vocación secular hacia el ejercicio del Derecho y la Justicia. Pero la verdad estamos lejos de su real aplicación en muchos frentes, donde está clara la responsabilidad del Poder Judicial, cada vez más cuestionado y entre dicho, precisamente por los graves y numerosos desaciertos develados a la opinión pública; tal vez de los más perversos, la liberación de Santrich por parte de la Corte Suprema de Justicia. Van a ser dos años de este caso de quien terminó en su lid, no sin antes hacer mucho daño con evidente complicidad institucional corrupta, mal direccionada y ejercida.

Así, vivimos en el mundo al revés también hace tiempo ya, pero este cada vez está más patas arriba, en especial en nuestra amada patria. Precisamente, de la mano de estos liderazgos nefastos y dañinos, con particular acento ahora en algunos representantes oscuros del Congreso, en asocio con sus compinches en las Cortes y, para tristeza mía, con representantes de la Iglesia Católica, sino como ha dolido en la feligresía que obispos como el de Cali oxigenen y promuevan soterradamente las protestas y el paro, junto además con el dizque alcalde de esa ciudad, que en contubernio con el jefe de su caído papá en el M-19, quieren acabar con nuestra amada nación.

Estos canallas deben pagar por sus daños y, como bien lo leía en días pasados en un concierto de los estudiantes del Conservatorio de Bellas Artes de Cali frente a su sede, cuyas pancartas decían: “alcalde humanitario de día y asesino de noche”; por eso la Justicia y auténtico Estado de Derecho deben ser los adalides de la reconstrucción, base sólida del desarrollo social y económico equitativo y sustentable. De ahí hago un llamado enérgico a la Fiscalía, la Procuraduría, las defensorías y veedurías, para que ejerzan toda su capacidad técnica y coercitiva para responsabilizar a los únicos y verdaderos culpables de todas las nefastas consecuencias del paro y la protesta, desde vidas humanas al abominable retroceso social.

Los hechos son tozudos y sin duda, con base en el entramado jurídico actual, se pueden adelantar procesos muy bien fundamentados en la Constitución y las leyes, para instaurar demandas y hacer pagar a los miserables que tienen el país como está. Pero sobre todo, los enormes costos que ha significado esta deplorable circunstancia en la que nos encontramos, donde los testimonios públicos de estos parricidas son pruebas fehacientes dentro del acervo probatorio en su responsabilidad en la muerte de casi 50 personas entre civiles y uniformados, junto a pérdidas por más de $10,2 billones en tan solo 21 días.

Clamo también a los buenos juristas de nuestro país, muchos y excelentes profesionales, para que apoyen la debida estructuración de estas demandas y clamor ciudadano, en contra tanto de originadores, como de patrocinadores del paro y las vías de hecho, para que paguen por sus fechorías. La reactivación no da espera, no puede seguir en modo pausa, tumbemos entre todos la torre de babel de la impunidad, el mayor verdugo social.