Café: parafiscalidad con resultados

El Fondo Nacional del Café fue el primer fondo parafiscal de Colombia y sigue siendo ejemplo del modelo. Es una cuenta integrada por recursos con destinación específica al fortalecimiento del sector cafetero, cuya administración ha sido confiada históricamente a la Federación Nacional de Cafeteros, en el marco de un esquema de descentralización por colaboración reconocido por el legislador. Cada 10 años se prorroga el contrato de administración y es prudente, en la antesala de esa decisión, hacer un recuento de lo que ha sido su manejo.

Lo primero que debe recordarse es que los recursos que recibe el FoNC anualmente no alcanzan a cubrir los bienes públicos que la Federación entrega a los caficultores colombianos. En los últimos 10 años se han recaudado $3,7 billones por contribución cafetera, mientras que los cuatro bienes públicos cafeteros han demandado inversiones por $6 billones. La cosecha se ha mantenido estable en alrededor de 13,3 millones de sacos, de modo que la contribución ha crecido apenas 3,3% anual, frente a un costo de los bienes públicos que avanza a 6,1%. Esa brecha estructural es la que la Federación cubre con su gestión.

Los bienes públicos cafeteros son, precisamente, lo que diferencia al café colombiano del que se cultiva en otros países. En investigación científica, donde más nos distinguimos y donde se crea valor a partir de la ciencia, se han invertido $365.000 millones. Ese conocimiento se transfiere de manera gratuita a cada caficultor mediante la asistencia técnica del Servicio de Extensión, presente en 611 municipios cafeteros de 23 departamentos, actividad que ha requerido $1,7 billones en la década. A ello se suman los proyectos de inversión social, que han marcado los 99 años de historia del administrador del Fondo: escuelas, centros de salud, electrificación rural, abastos de agua, infraestructura vial y, hoy, industrialización para generar valor. Los quince comités departamentales han comprometido $807.000 millones en este frente, multiplicados mediante el trabajo articulado con alcaldías y gobernaciones.

La flota mercante merece mención aparte, porque revela la dimensión de la responsabilidad asumida. Alrededor de $1 billón en la década reciente se han girado para cubrir ese pasivo pensional, heredado de una empresa creada por mandato del Estado colombiano que sufrió la apertura económica. No corresponde aquí discutir si es justo que los caficultores carguen con esa obligación; lo cierto es que se ha honrado con responsabilidad institucional.

Como lo ha señalado el Contralor Delegado para el Sector Agropecuario, la Federación ha sido la única entidad que, a partir del uso correcto de la parafiscalidad, ha creado un activo intangible de la magnitud de la marca Café de Colombia, generadora hoy de ingresos por regalías. Las que ha recibido el FoNC por el uso de la marca Juan Valdez ascienden a $324.000 millones corrientes, con un crecimiento promedio de 14,3%.

Hasta ahí la gestión de la parafiscalidad. Pero la Federación siempre va más allá. La garantía de compra es el ejemplo más visible. Conviene aclarar un equívoco recurrente: la contribución cafetera no compra café. Es la Federación la que acude a la banca privada para financiar esa operación. En los últimos diez años se ha comprado café por $21,6 billones, $4,2 billones solo en el último año, ejecutados a través del brazo comercial conformado por 33 cooperativas de caficultores. La mitad de ellas, cuando más lo necesitaron, encontraron únicamente el respaldo de la Federación, que diseñó el Plan de Acción Solidario, acompañado por la Supersolidaria y valorado por la Contraloría General de la República. Gracias a ello, el sistema cooperativo sigue vivo y fortalecido.

La legitimidad de la Federación como administradora del fondo parafiscal más grande de Colombia es cada vez más sólida y se robustece con el carácter de democracia participativa que rige al gremio: una economía rural de pequeños propietarios, que avanzan en la distribución justa de la tierra, que son alternativa frente a los cultivos ilícitos y que eligen libremente a sus representantes. Con la prórroga del contrato de administración, seguiremos construyendo país.