La sobreviniente crisis económica desatada por el covid ha sido el detonante de una de las mayores pérdidas de empleo en el país en toda su historia. Sin duda alguna, la crisis del mercado laboral se ha profundizado con el paro de las empresas a causa de los cierres indefinidos de la economía. Cada vez causa mayores estragos la imposibilidad que tienen las empresas de todos los tamaños para obtener una caja suficiente que le permita contrarrestar la falta de ingresos.

Lo cierto, es que no puede culparse únicamente al coronavirus de ser el destructor de empleo en Colombia. Es innegable su impacto, pero no es la causa solitaria de un mercado laboral que se heredó decayendo. El mayor responsable es la imposición permanente de nuevas cargas y costos no salariales a los empresarios. Esta creatividad reguladora surge de la visión equivocada de suponer que las empresas son las llamadas a soportar todo el peso de la sociedad.

El efecto inmediato de tal situación (la creación de nuevos fueros, costos, etc.), es la evidente selección adversa en la contratación y la migración paulatina del trabajo formal al informal. En tiempos como estos, la verdadera precarización laboral viene no de los que queremos aliviar las cargas laborales, sino de no tomarnos el trabajo de evaluar el impacto económico de las nuevas medidas sobre las empresas.

En cualquier caso, es necesario evaluar con más detenimiento la situación actual de los miles de colombianos subsumidos en el trabajo informal. La política pública de formalización no pasa por la creación de letra muerta en forma de leyes que impidan el tránsito de los empleados a recibir el pleno de su seguridad social, sino por interpretar las necesidades de los generadores de empleo. La informalidad no es ni mucho menos un fenómeno aislado con causas taxativas, por el contrario, es un problema estructural, multidimensional que requiere repensar la manera en que históricamente hemos evaluado el empleo en Colombia.

Dignificar el empleo debe ser nuestra prioridad, pero para esto es necesario poner un especial énfasis en indagar como lograr que las empresas tengan un tránsito adecuado a su tamaño, ingresos, y un horizonte de mediano plazo para alcanzarlo. Hace poco la Ocde en un análisis sobre la informalidad en América Latina señaló que además de lo anterior, combatir la informalidad requiere de atender aspectos usualmente olvidados como lo son la “baja productividad, las competencias insuficientes, los incentivos débiles y los deficientes marcos institucionales”.

Es muy posible que nos encontremos aún lejos de mejorar los indicadores de informalidad del país, pero si queremos aprovechar la oportunidad que nos abre el covid-19. Es preciso que empecemos a ver la informalidad como un problema que requiere una atención de raíz y no simples cantos de sirena convertidos en leyes. La esencia del cambio del mercado laboral pasa por dar más oportunidades, enseñar mejores competencias, mejorar la competitividad de nuestras empresas, y ver la informalidad como una etapa intermedia de cara al futuro prometedor de una empresa pequeña.