El narcotráfico en el gobierno de Petro

El aumento de las áreas cultivadas de coca en el país es otra prueba adicional más dentro de las múltiples que demuestran que este Gobierno no le ha interesado su lucha contra el narcotráfico. Según el informe de la ONU, el país en 2023 tenía 253.000 hectáreas sembradas frente a las 230.028 de 2022. Lo grave es que la forma de multiplicar la producción llevó a que pasáramos de 1.738 toneladas de coca en 2022 a 2.664 toneladas en 2023.

Las acciones que confirman estas nuevas cifras son evidentes. El Gobierno privilegió la incautación de droga y dejó que crecieran los cultivos reduciendo de forma significativa su erradicación manual. Este aumento implicó un crecimiento de los recursos criminales que se constituyen en el combustible de la guerra en Cauca, Nariño, Putumayo, Caquetá, en el Catatumbo, en el bajo Cauca Antioqueño, entre otros. A mayores recursos, mayor capacidad de guerra de las organizaciones criminales.

Desde el inicio del Gobierno, la lucha contra el narcotráfico no fue su prioridad, debo recordar que siendo Fiscal General, recibí de parte del Presidente en enero de 2023 una resolución por medio de la cual se me solicitaba suspender órdenes de captura de narcotraficantes del Clan del Golfo y otras organizaciones criminales, incluso, algunos de ellos con fines de extradición. Me negué porque no existía una ley de sometimiento colectivo y porque se estaba confundiendo en nombre de la “paz total” procesos de paz y sometimiento.

Luego, el Ministerio de Justicia presentó un proyecto de ley sobre humanización en el cual en el artículo 8 se pretendía legalizar parte de la cadena productiva del narcotráfico en el Código Penal como lo denuncié en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes. Me opuse en el Congreso de la República y se logró hundir la iniciativa.

En julio de 2023, por primera vez en la historia del ente acusador, rechacé como Fiscal General la política antidrogas del Gobierno por carecer de acciones precisas contra ese crimen. Nuestra oposición fue de rechazo en el Consejo Nacional de Estupefacientes. Si se revisa, esa política ni siquiera tiene un componente de seguridad y una estrategia integral contra ese fenómeno. Adicional a lo anterior, Petro acaba de indicar que quiere comprar la producción de hoja de coca en la región del Plateado (Cauca).

Al salir de la Fiscalía, a pesar de las dificultades con el gobierno Petro, mostramos resultados implacables. 2.065 organizaciones criminales desmanteladas y más de 20.000 personas capturadas por comercialización y distribución de estupefacientes y le quitamos a las mafias $30 billones (US$7.000 millones) en nuestra estrategia contra las finanzas criminales. Los bienes afectados por el proceso de extinción se le entregaron a la SAE (Sociedad de Activos Especiales) que depende del gobierno de Petro.

Colombia no puede declinar la lucha contra este flagelo porque perderíamos lo logrado. La institucionalidad colombiana se ha construido a lo largo del tiempo con dificultades, pero siempre manteniendo la cabeza en alto frente al crimen. La corresponsabilidad frente al narcotráfico es real, pero debemos poner de nuestra parte, de lo contrario, no solo perderemos el territorio, las instituciones, sino nuestra dignidad como nación.