De tumbo en tumbo

Se hundió la reforma tributaria y, seguramente, también se hundirá la reforma a la salud. Por ese mismo camino va el engendro del proyecto de ley de sometimiento a la justicia que presentó el gobierno. Tampoco podrán resucitar el Ministerio de la Igualdad, que ya tuvo sepultura en la Corte Constitucional en 2024 y que hoy vive sus últimos estertores.

En eso terminó este periodo legislativo y, de paso, se sintetiza el final del desastroso gobierno de Gustavo Petro. El Congreso de la República ha venido cumpliendo su tarea para impedir que se siga atropellando a la ciudadanía. Lo bueno de este panorama es que los gritos de Petro en su cuenta de X -o en sus desatinados discursos- ya no los escucha nadie. Su voz empieza a desaparecer. Sus anuncios de constituyentes, plebiscitos o incluso la necedad de hablar de eternos golpes de Estado han pasado a ser parte de esa mala historia que hemos tenido que soportar los colombianos.

Mientras esto ocurre, la fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, María Cristina Patiño, afirmó en la audiencia de formulación de imputación contra los exministros de Hacienda e Interior de Petro -por el entramado de corrupción de la Ungrd- que “se alteró deliberadamente la independencia del Congreso. Se pervirtió la función administrativa. Esto no fue un diálogo entre ramas del poder, fue un acuerdo delictivo. En este asunto se evidencian intereses políticos sin límite que, obviamente, Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla articulaban a través de terceros, tratando de no ser detectados en sus actos de corrupción”. A ello se suma que el director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) huyó de la justicia por el mismo entramado, que ya tiene a una decena de funcionarios y congresistas en problemas judiciales.

Todo esto ocurre frente a los ojos de los colombianos, y descubrimos - por un informe del Canal Caracol- la existencia de un entramado criminal entre el gobierno y las disidencias de las Farc, las mismas que han estremecido al país con terror durante años. Las mismas que atentaron hace cuatro años contra la Brigada 30 en Cúcuta; las mismas que intentaron asesinar al expresidente Iván Duque. El informe involucró a un general de la República y a un alto funcionario de inteligencia de Petro. Con absoluta cobardía entregaban coordenadas de nuestros soldados a los terroristas y les explicaban cómo crear grupos paramilitares “legales” mediante empresas de seguridad privada.

La reacción de Petro no se hizo esperar: primero dijo que el informe no era cierto; después, el 9 de diciembre, terminó justificándolo y defendiendo su proceso con la disidencia que lidera alias “Calarca”. Parece olvidar que esas disidencias se han dedicado al narcotráfico y a la ocupación violenta de territorios. Algo que debería conocer bien, considerando su situación personal al estar incluido en listas de narcotraficantes en Estados Unidos y ser un sancionado por la Ofac.

La semana terminó con la firma de un acuerdo con el Clan del Golfo, mediante el cual se crean varias “zonas de ubicación” en medio de un proceso electoral cuya falta de garantías tiene al país en vilo, y sin ningún marco legal para hacerlo, pues no existe ley de sometimiento para estas organizaciones criminales. Para rematar el sainete, la vicepresidenta Francia Márquez continúa paseando y viaticando por África, alardeando sobre supuestos acuerdos con países dependientes y limosneros del desarrollo.

Terminamos el año entre escándalos, improvisaciones, pactos oscuros y un presidente acorralado por su propio desastre. Aguantar dejó de ser consigna: ahora es sobrevivir a un gobierno que se derrumba mientras arrastra al país. Colombia resistirá; Petro no.