Crisis fiscal

Una medida y un anuncio económico han pasado desapercibidos en Colombia en las últimas semanas por cuenta del frenético y dramático caos político que se vive por el decretazo del Gobierno, la posible aprobación de la reforma laboral y su incidencia en la consulta popular, la compleja situación de orden público y el aleve y cobarde atentado contra el candidato presidencial del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay.

En primer lugar, el gobierno Petro presentó un Marco Fiscal de Mediano Plazo que no es otra cosa que un documento en el que se formulan y explican las proyecciones macroeconómicas de los próximos 10 años. En el texto se confirma que este Gobierno suspendió la regla fiscal, es decir, se presenta un relajamiento en el equilibrio entre ingresos y gastos de la nación. La suspensión de la regla fiscal se dio por parte del Consejo Superior de Política Fiscal, Confis, que aprobó la activación de “la cláusula de escape” por tres años. En palabras simples, pasamos de una proyección de 5,1% de déficit fiscal a uno de 7,1% en 2025. Esta cifra es la peor en los últimos años.

La reacción del Comité Autónomo de la Regla Fiscal, Carf, no se hizo esperar y dio concepto desfavorable a la activación de la cláusula. Señaló que no era aceptable porque afectaba la estabilidad de la deuda pública del país en el mediano plazo.

En segundo término, se anunció por parte del ministro de Hacienda, Germán Ávila, la presentación de una nueva reforma tributaria donde entren en discusión las excepciones del IVA, la reducción de la tarifa del impuesto de renta para personas jurídicas, la imposición de impuestos permanentes a los juegos de suerte y azar en línea, el impuesto al carbono y la creación de gravámenes ambientales sobre plaguicidas y vapeadores. Con esto, según el ministro se recogerían $19 billones. Es evidente, que a un año de terminar la gestión, con un Gobierno que no baja de criminales a los parlamentarios y en medio de un nivel nunca visto de desconfianza institucional, la reforma lejos de ser una realidad parece una fantasía del Ministro de Hacienda. Los colombianos sabemos que los recursos que se piden serán para utilizarlos el próximo año y afianzar el voto militante. Con esos recursos más los casi 2 millones de OPS (ordenes de prestación de servicio) tienen con que movilizar mucha gente en las elecciones del Congreso y las presidenciales.

Las consecuencias de la suspensión de la regla fiscal son claras. Pérdida del grado de inversión por parte de las calificadoras de riesgo, lo que implica que los intereses que Colombia debe pagar para conseguir recursos en el mercado internacional sean tremendamente altos. Hoy, Colombia paga casi el doble de intereses que gran parte de los países de América Latina y estamos al nivel de Nicaragua y Guatemala. También se perderá la línea de crédito flexible del Fondo Monetario Internacional.

La situación fiscal no debe analizarse de forma autónoma, sino debe ponerse en la perspectiva de un gobierno que ha afectado a las instituciones, que rompió la confianza con el sector privado, que ha dejado al garete la seguridad del país y que no muestra ninguna prueba de liderazgo para resolver los problemas que aquejan a la ciudadanía. Pedir más recursos a los contribuyentes y no asumir el riesgo fiscal del país nos lleva a una herencia económica muy compleja. No queda más que pedirle al Banco de la República, al Comité Autónomo de la Regla Fiscal, a las Cortes, al Procurador y al Congreso que hagan su tarea y protejan el país. Colombia se recuperará con el concurso responsable de todos.