Analistas

Justicia podrida

¿Qué se puede esperar de un país donde se acusa al presidente de la Corte Suprema de Justicia de extorsionar al segundo senador con mayor respaldo popular a través de quien después ejerció como fiscal anticorrupción? Hágame el favor. Nuestra pretensión de ingresar a la Ocde debería cambiarse por la de un puesto honorario en la asociación de repúblicas bananeras.

¡Grotesco espectáculo! La vocación de servicio, el prestigio o la gloria -como decía Juan Mario Laserna- no parecen ser razones suficientes para quienes ingresan a lo público, especialmente congresistas, magistrados y fiscales corruptos, y de ahí para abajo.

El liderazgo en una organización se debe guiar mediante el ejemplo. Si la cabeza actúa de una manera intachable, dicha actitud se permea al resto. Pero también ocurre lo contrario; si quien está en la cima es corrupto, sus subalternos pueden creer que eso es lo adecuado o, incluso peor, pueden concluir que para llegar a la cumbre se debe sacrificar la ética.

Muchas personas consideran que en lo público lo que predomina es el interés individual y no el bien común. Esto se refleja en lo que considero es el gran mal que aqueja a nuestro país: el clientelismo.

La política está plagada de este sistema de favorecimientos que busca beneficiar a quienes pertenecen a círculos cercanos. El hecho de que familiares de magistrados sean nombrados en otras entidades cuyas cabezas han sido elegidas por ellos, es una muestra fehaciente.

Al parecer, los países en sus procesos de desarrollo tienen que pasar por esta etapa. Hace un siglo y medio, Estados Unidos padecía de un clientelismo profundamente enquistado. En el libro Team of rivals, su autora Doris Kearns Goodwin, describe magistralmente cómo Lincoln tuvo que negociar burocracia para que fuera aprobada la proclamación de emancipación de esclavos.

Hoy en dicho país, los ministros, el fiscal y los jueces de la Corte Suprema son confirmados por el Senado sin tener que entregarles todos los cargos a los “honorables padres de la patria”. Esto se logró con reformas al servicio civil y con un desarrollo económico que permitió a los ciudadanos encontrar trabajo en lo privado sin depender de un político amigo para recibir un salario.

Para cambiar a Colombia urgen ambas cosas pues se debe acabar de fondo con las prácticas perversas que posibilitan que personas poco calificadas o con malas intenciones lleguen a importantes puestos. Adicionalmente, se requiere tomar medidas para blindar la justicia.

La Constitución del 91, en un intento loable de empoderar la democracia, terminó politizando la rama judicial. Deben existir mecanismos en los que sea la academia quien haga esta labor, aunque existen universidades que han participado en prácticas oscuras.

Alguien tiene que juzgar efectivamente a los jueces. La esencia de los pesos y los contrapesos es que cada rama vigile y a la vez se equilibre con la otra, sin que los actos ilegales cometidos por los magistrados queden impunes. Además, el Consejo Superior de la Judicatura, que pretendió ser esa autoridad, es de los tribunales más corruptos del país.

Se debe estudiar la posibilidad de unificar las altas cortes, al estilo norteamericano, para evitar los choques de trenes. Todos conocen la solución, pero ningún congreso o presidente lo han logrado por temor a las cortes. A pesar de los riesgos de entregar un cheque en blanco, una constituyente pareciera la única salida.