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Como si de una nueva versión de las cadenas de Hotmail se tratara, Temu ha revolucionado nuestras redes con la promesa de premios y descuentos, convirtiendo las compras en línea en una especie de juegos olímpicos modernos. Sin embargo, lejos de la euforia digital, nuestros legisladores parecen más preocupados por encajar la nueva economía en viejos moldes.
Temu, con su modelo de negocio que conecta directamente a los fabricantes chinos con los consumidores en Colombia, nos ha mostrado que lo barato no solo atrae, sino que también permanece. Al igual que AliExpress y eBay, esta plataforma es solo una muestra más de cómo el comercio electrónico está redefiniendo las reglas del mercado.
Según el informe “El comercio electrónico en 2022 y perspectivas 2023” de la Cámara de Comercio Electrónico, las ventas en línea en Colombia alcanzaron los $55,17 billones en 2022, registrando un impresionante crecimiento de 38,4% en comparación con 2021. Esta cifra representa casi el doble del incremento en comparación con 94,1% observado en 2020. Además, el valor total de las transacciones digitales en el sector del comercio electrónico llegó a $15,4 billones solo en el tercer trimestre de 2023, consolidando su posición como un modelo de negocio en plena expansión. ¿Necesitamos más pruebas del dinamismo de este sector?
Nuestros honorables legisladores, con su conocida habilidad para regular hasta el mínimo detalle, ya tienen en la puerta del horno, para sanción presidencial, el nuevo Proyecto de Ley de comercio electrónico en Colombia.
Aunque este proyecto incluye aspectos importantes que garantizan cierta protección al consumidor, no representa un avance significativo ni introduce cambios disruptivos que realmente comprendan y potencien los nuevos modelos de negocios digitales.
Esto confirma, una vez más, que la legislación está considerablemente atrasada respecto a las tecnologías 4.0. En este escenario, la nueva ley de comercio electrónico se asoma con la promesa de ordenar el caos, pero se siente más como un intento de apagar un incendio forestal con un vaso de agua.
¿Qué sentido tiene regular con una mentalidad del siglo XX cuando los negocios operan en la frontera del siglo XXI? La ley, que ha tardado años en gestarse, parece más preocupada por cómo se hacían las cosas que por cómo podrían hacerse mejor. No hay perspectiva de futuro.
En nuestra precipitada carrera por liderar la regulación regional, estamos perdiendo valiosas oportunidades para discutir y adaptar marcos que realmente aborden las necesidades actuales de las economías digitales.
Hubiera sido más provechoso establecer un marco de referencia que priorice las buenas prácticas, aplicable a todos los actores del sector, pero que también reconozca la importancia de temas emergentes como los patrones oscuros, como los famosos juegos de Temu, la publicidad y venta en redes sociales, el comercio en marketplace, los modelos de negocio de las nuevas fintech, y el perfilamiento algorítmico en los ecosistemas digitales. ¿Estaremos dejando pasar la oportunidad de abordar las cuestiones que afectan día a día a los consumidores?
Este proyecto de ley, al igual que muchos intentos de regulación de los nuevos ecosistemas tecnológicos de la era 4.0, nace ya obsoleto. Parece desconectado no solo de las realidades comerciales actuales, sino también de las futuras, perpetuando la tendencia de quedarse atrás en vez de liderar el camino hacia la innovación.
En un mundo que avanza rápidamente, nuestras políticas parecen caminar hacia atrás. Es momento de que nuestros legisladores reconozcan la necesidad de adaptarse a la nueva realidad del comercio electrónico en Colombia y promuevan un ambiente propicio para la innovación y el crecimiento en este sector.
Lo primero es que desde muy temprano en su Gobierno el presidente logró consolidar un discurso contra la prensa que lo hizo inmune a cuestionamientos justos y escándalos que debían tener todas las respuestas y fueron respondidos con ataques y desprestigio al periodismo, típico de gobernantes populistas
Claramente, al Gobierno no le bastan las facultades ordinarias, sino que desea mayor libertad para irrigar recursos a dedo en período electoral, soslayando las garantías legales y constitucionales y buscando aplausos populistas
A su vez, cualquier variación en la tributación nacional tiene efectos directos sobre los ingresos de municipios y departamentos