La riqueza que nos empobrece

Son US$15.000 millones. Esa es la cifra que The Economist acaba de poner sobre la mesa: el tamaño del negocio de la cocaína asociado a Colombia. Un estudio de la Universidad Eafit y Valor Público lo estima incluso en US$16.500 millones para 2024, equivalentes a 4,4% del PIB. Por primera vez, esa economía ilegal superó a las exportaciones de petróleo. El país produce cerca de 70% de la cocaína que se consume en el mundo.
El número, por sí solo, ya debería detener cualquier conversación cómoda. Pero lo verdaderamente grave no es solo lo que entra. Es lo que deja.

En la Colombia profunda -en los municipios donde se concentra casi la mitad de los cultivos, en los enclaves productivos que pasaron de siete a quince en cinco años- el impacto sobre niños, jóvenes y adultos mayores parece, a ratos, irreversible. No hablo solo de violencia. Hablo de una cultura que se instala: el traqueteo como horizonte, el dinero fácil como único relato de éxito, la legalidad como ingenuidad. Esa cultura no se queda en el cultivo. Permea la sociedad. Llega a las ciudades, a las escuelas, a las familias.

Es hora de actuar. Es hora de retomar el territorio y de combatir a los grupos criminales con toda la capacidad del Estado. Sin seguridad no hay escuela que se sostenga ni cancha que se use. Quien pretenda saltarse ese primer paso confunde el deseo con la política.

El segundo paso, sin embargo, es igual de urgente y casi siempre se queda a medias. Después de recuperar el territorio, los planes de deporte, cultura y educación tienen que llegar con más fuerza, no como anexo decorativo de un operativo. El Estado no puede aparecer solo con el fusil y desaparecer cuando toca construir sentido.

Hagamos un ejercicio simple. Si apenas 5% de esos US$15.000 millones se convirtiera en inversión sostenida en esos tres sectores, estaríamos hablando de unos US$750 millones al año. A la TRM de hoy, cerca de $2,4 billones. No es un presupuesto menor: equivale a unas cinco veces lo que tiene asignado el Ministerio del Deporte para toda la vigencia 2026.

Ese dinero no “compraría” la paz. Pero sí podría disputar la cultura del dinero fácil. Una cancha bien iluminada, un profesor que no se va a los seis meses, una escuela de música que no cierra por amenaza, un programa de alto rendimiento para un joven que hoy solo ve la moto y el fusil como vías de reconocimiento: eso no es ingenuidad. Es política de sentido. Es disputa simbólica.

Lo sé porque lo viví desde el Ministerio del Deporte. El deporte no es un adorno de la política social. Es una de las pocas instituciones capaces de competir, en tiempo real, con la narrativa del traqueteo: disciplina contra atajo, equipo contra milicia, mérito contra miedo. Lo mismo vale para la cultura y para una educación que no se limite a matricular, sino a formar carácter.

Hay otra dimensión que no podemos seguir tratando como nota al pie: el daño a la salud física y mental. La cocaína no solo sale del país. Circula, se consume, desgarra familias y alimenta una epidemia silenciosa de adicción, ansiedad y violencia. Combatir el negocio sin atender a las personas que ya están rotas es dejar la herida abierta.

Esta no es una columna para señalar a un gobierno o a otro. Es una reflexión para que todos -Estado, empresa, iglesia, medios, deporte organizado, universidades, familias- entendamos que la lucha no se agota en la incautación. Se gana o se pierde en la cultura que les ofrecemos a los niños de esas regiones y, cada vez más, a los de las ciudades.

US$15.000 millones al año no son solo una estadística de seguridad. Son el tamaño de la pregunta que tenemos pendiente: ¿vamos a seguir conviviendo con una economía que nos vacía por dentro, o vamos a disputarle, con territorio y con sentido, el futuro de este país?

Unidos, esa lucha sí se puede dar.