Mientras en la última década se da un crecimiento sostenido de las exportaciones de bienes en la Comunidad Andina, pasando de US$7.810 millones en 2010 a 8,310 en 2019, el presupuesto del Tribunal Andino está congelado desde 2008 en poco más de un millón de dólares. En ese año, los objetivos previstos, dejaron un faltante de US$80.000. Este Tribunal arrastra un déficit que en 2018 sumó más de US$500.000 y en 2019 poco menos de US$350.000, sus gastos anuales (incluido el arriendo) asciende a un millón y medio de dólares, pero arbitrariamente -desde hace 12 años- se le presupuesta US$1.170.667.

Como si fuera poco sus miembros se retrasan en sus cuotas de sostenimiento, no han girado US$1.480.000. Para el primer semestre del año debían haber girado US$893.516 y para el segundo US$585.333. Colombia que ingresa el 38.9% de las exportaciones debe US$331.681; Perú que representa 27,4%, debe US$374.413; Ecuador que percibe 22,2% adeuda US$253.220 y Bolivia con 11,5% de las exportaciones, no ha cancelado US$519.537.

Estamos frente a un Tribunal sin ingresos y que podrá funcionar hasta finalizar este mes, pese a los exhortos de sus magistrados a los presidentes y a los órganos andinos integrados por los ministros de relaciones exteriores y comercio. Presidentes que en 2019 y julio de 2020 se comprometieron a fortalecer la integración andina, en particular su mecanismo de solución de controversias.

Sin embargo, la realidad es que para los Estados -y más grave para la propia Secretaría General- el Tribunal Andino es oneroso e ineficiente, de ahí que buscaron, bajo el ropaje de una consultoría para efectuar un análisis de su situación, una auditoría que al final declararon desierta, no por falta de oferentes (se presentaron 25), sino porque las propuestas tendían al fortalecimiento de la institución y no a la idea de promover una solución andina de controversias mediante paneles arbitrales ad-hoc, mecanismo que no se guía por precedentes y donde, en lugar de los Estados, las partes asumen los gastos.

¡Qué vergüenza! una Comunidad Andina que genera más de US$8.000 millones, que cuenta con la tercera Corte Internacional más activa del mundo con un promedio de 1,7 pronunciamientos diarios, que en la consultoría sobre la reingeniería del Sistema Andino realizada por la Fundación Getulio Vargas y la Cepal en 2013 destacó al Tribunal como “el patrimonio mayor de la Comunidad Andina”, no tiene para cubrir su actividad, ni siquiera lo necesario para el arriendo de su sede.

En septiembre de 2018 confiábamos en que el Secretario General que pondría Colombia hasta el 2023 fuese un técnico, no obstante, quien debe cuidar el interés de la integración ante esta crisis, y luego de haber realizado -antes de la pandemia- un periplo por los organismos de integración, donde con seguridad no encontró un Tribunal Internacional Permanente que pudiera funcionar con un presupuesto tan reducido, solo atina a decir que los atrasos obedecen al covid y que la Secretaría, con creatividad, generará “una eventual solución de urgencia”.

Menos creatividad y más información. La fórmula ya existe en varios tribunales internacionales, entre ellos el de la integración caribeña, que cuenta con un Fondo Fiduciario de US$100 millones, a fin de permitir que sus gastos, incluida la remuneración de los jueces, no dependan de la disposición de los gobiernos.