Sin precedentes

Los Estados latinoamericanos no suelen ser consecuentes frente a los procesos de integración que pactan, pero las acciones y omisiones de los países de la Comunidad Andina frente a su Tribunal no tiene parangón. El pasado 2 de marzo reiterábamos que en los últimos años, Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú parecían tener como única finalidad frente al Tribunal de Justicia reducir su presupuesto ignorando que no solo no alcanza, sino que arrastra déficit.

Con un presupuesto congelado desde 2008 que asciende a poco más de un millón de dólares, en lugar de esforzarse por blindar uno de los tribunales internacionales más dinámicos del mundo -acaso por la incomodidad que producen sus fallos- desconocen tanto las recomendaciones de expertos como sus propias decisiones. Lento y progresivo asfixiamiento, que omite la consultoría realizada por la Fundación Getulio Vargas y la Cepal en 2013, que destacó al Tribunal como el mayor patrimonio de la Comunidad, y a sus propios Consejos Presidenciales de 2019 y 2020, que se comprometieron a fortalecer la integración, en particular su mecanismo de solución de controversias.

En 2021 confiamos que se revertiría la tendencia, toda vez que, atendiendo los compromisos de los presidentes, mediante convocatoria pública, se seleccionó a un equipo consultor que efectuó un Análisis Financiero, Administrativo y Jurídico de la situación del Tribunal, y presentó propuestas de medidas correctivas que evidenciaban la insuficiencia del presupuesto. No obstante, poco o nada se materializó, al punto que, como dijimos en la citada columna, los propios magistrados, presionados por la consecución de recursos, acordaron tasas judiciales a las solicitudes del informe oral en el marco de las interpretaciones prejudiciales.

Como si lo anterior no fuera suficiente, en tres hechos sin precedentes, el gobierno boliviano trató de usurpadores a los magistrados, principal y suplentes, de ese país, luego de traidor al magistrado principal y, al final, designó como sus reemplazos al ministro de relaciones exteriores, al director de asuntos jurídicos del mismo ministerio y al viceministro de justicia.

El delito de usurpación de funciones lo fundamentan en que estos magistrados fueron designados por el gobierno interino de Jeanine Áñez que no “tenía la plenipotencia necesaria”. La traición, en una sentencia del Tribunal andino que le dio la razón a Perú en contra de Bolivia por otorgar un subsidio a los combustibles, solo en favor de los transportistas bolivianos discriminando a los peruanos, colombianos y ecuatorianos. Señalamiento al magistrado que fue acompañado por los medios de comunicación de ese país con incitaciones a la violencia moral y física.

La postulación de funcionarios públicos a un tribunal de justicia atenta contra la independencia del mismo, en este caso violenta la Constitución boliviana (410) que señala que el bloque de constitucionalidad está integrado por los tratados de derechos humanos “y las normas de Derecho Comunitario”, entre estas últimas el Tratado de Creación del Tribunal donde queda claro que los magistrados no representan a los Estados miembros.

El silencio de Colombia, Ecuador y Perú puede entenderse como una cómplice aquiescencia y si se concretan las designaciones -salvaguardando la dignidad de las magistraturas- a los demás jueces solo les queda renunciar.