Quien no aprende de sus errores está condenado a repetirlos. Popular frase que coincide con los resultados de la reunión de la Comisión Asesora en Relaciones Exteriores después del fallo de La Haya. Todo proceso ante una Corte Internacional es complejo, exacerba los nacionalismos, más cuando se discuten derechos o territorios estatales, que convierten el asunto en una cuestión de Estado. El país, con objetividad, debe reflexionar sobre cómo asumió la controversia con Nicaragua y cómo asumirá otras tantas.
Sin embargo, nadie puede creer que alguno de los expresidentes, exministros y demás miembros de la Comisión, las veces que se ocupó del asunto con Nicaragua, quiso perjudicar los intereses del país. Se trata de un órgano que brinda coherencia y continuidad a la política exterior, y las opciones que evaluaron sus miembros se soportaron en conceptos que, por el rigor técnico, escapan a su conocimiento. En otras palabras, la fallida estrategia se da porque la Comisión no cuenta con técnicos que conozcan la cuestión que complementa la decisión política. Este es el error que debemos corregir y que se repite con frecuencia. En estos días se filtró el alegato final de la defensa de Colombia ante la Corte Interamericana por el asunto del Palacio de Justicia, donde se niega la responsabilidad de los agentes del Estado -desconociendo que los tribunales internos han dicho lo contrario- y cinco días antes de vencerse el plazo se cambió a Ibáñez por Nieto, incluida la línea de defensa.
¿Qué órgano en Colombia decide la línea de defensa del Estado y busca los abogados más idóneos para ejecutarla? ¿Los abogados deciden la estrategia? En el sensible asunto del Palacio, es evidente que no fue una responsabilidad de la Comisión Asesora, entendemos que tampoco de la Cancillería, ¿fue entonces de la Agencia de Defensa del Estado o le correspondió a las Fuerzas Armadas? Tantos interrogantes como órganos, sin coordinación aparente y, lo más grave, sin ius internacionalistas que den luces.
Las decisiones que definen estrategias de defensa, deben estar en consonancia con la política exterior, de ahí que la dimensión técnico jurídica sea imprescindible y complemente la política. Tarea capital a la que nos debemos abocar si tenemos en cuenta el número de demandas internacionales en contra (ver Informe 2011 de la Corporación Excelencia en la Justicia).
La Corte Internacional está tramitando la demanda que nos interpuso Ecuador por las aspersiones aéreas con glifosato en la frontera, y mientras tanto un nuevo fallo del Consejo de Estado le ordenó a la Policía reforestar varias zonas en el Caquetá, donde se demostraron los daños que produjo el herbicida en 1999. Así, ¿qué tantas perspectivas tendríamos en La Haya si nuestro propio ordenamiento reconoce los perjuicios del glifosato? Esto nos lleva a pensar que debemos llegar a un acuerdo directo con Ecuador, pues con seguridad seremos declarados responsables, en el mejor de los casos, como consecuencia de un daño transfronterizo derivado de una actividad lícita.
No más secretismo. Es imperativo crear canales de discusión abiertos y plurales, donde los ius internacionalistas tengan cabida en la definición de estrategias y políticas, de lo contrario los académicos que estudiamos estos temas seguiremos -como pitonisas- adelantando derrotas jurídicas en tribunales internacionales.
