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Octubre empezó y terminó con dos desafíos del Reino Unido al multilateralismo europeo. En primer lugar, el ministro de justicia, Chris Grayling, publicó un documento que recoge la intención del Reino Unido de quitarse de encima la obligación de someterse a la competencia y decisiones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Si los conservadores -que desde el 2010 gobiernan en coalición con los liberal demócratas- ganan las elecciones de mayo de 2016 se le devolverá la soberanía a Westminster, y permitirá que el Parlamento británico tenga la potestad de vetar las resoluciones del Tribunal de Estrasburgo, en palabras del jefe de la cartera de justicia, “lo que tenemos en la práctica es un cheque en blanco en el que el Tribunal puede llegar allá donde quiera”, de ahí que propusiera instaurar una disposición que condicione el efecto de las resoluciones de Estrasburgo sino se da el consentimiento del Parlamento.
La bravuconada del ministro llegó al punto de advertir que si el Parlamento no se asegura ese derecho de veto sobre las resoluciones del Tribunal, el gobierno conservador estaría dispuesto a abandonar la Convención Europea de Derechos Humanos. Esto quiere decir que el Reino Unido dejaría de ser parte del Consejo de Europa, organización que soporta el sistema regional de protección de derechos humanos más perfecto y avanzado que integra 47 estados miembros, incluidos Albania, Armenia, Azerbaiyán, Rusia, Ucrania y las repúblicas de la antigua Yugoslavia. Así, sin ninguna vergüenza, reemplazarían, antes de finalizar el 2016, el Human Rights Act por una nueva declaración británica de derechos humanos.
Por su parte, el 24 de octubre, en conferencia de prensa en Bruselas, el primer ministro anunció que el Reino Unido no pagará los 2.125 millones de euros adicionales que le exige la Unión Europea, después de haber revisado la cuota que debe aportar anualmente cada país miembro de acuerdo con su PIB. Cameron -que en la campaña contra el separatismo escocés les recordaba a estos los costos que asumirían al no ser miembros de la Unión Europea- tacha de “inaceptables” tanto la fecha establecida para el pago (1 de diciembre de 2014) como la cantidad, pues cuestiona la forma de calcular el desempeño económico británico. El primer ministro sostiene que “sencillamente, no es aceptable que la Unión Europea haga esa clase de peticiones, y menos que lo haga a través de un proceso de urgencia”, desconociendo que Londres ha trabajado, en los últimos seis meses, con los nuevos datos de la agencia de estadística europea Eurostat.
Mientras la Comisión Europea expresa su “sorpresa” por el arrebato de Cameron y advierte al Reino Unido que se arriesga a una multa si no paga oportunamente, el desafío al multilateralismo europeo del gobierno de los tories se explica por la escasa credibilidad que no ha permitido disminuir el desvío de votos conservadores hacia los anti europeístas del United Kingdom Independence Party (UKIP).
Así, el gobierno del Reino Unido, enredado en sus galimatías -que como dijimos en la columna del 9 de julio de 2013, no son exclusivos de los latinoamericanos- viene endureciendo el discurso en contra de la Unión Europea, incluyendo -en caso de que ganen las elecciones- la promesa de un referéndum en 2017 sobre la permanencia en esta. Como si fuera poco, pretende reconsiderar su participación en el sistema europeo de derechos humanos, incluso ejerciendo su derecho al retiro. Por cierto, la pertenencia de un país al Consejo de Europa es requisito para ser miembro de la Unión Europea.
