Analistas

Refugio fiscal = desigualdad

Benjamín Olivares, investigador del Centro de Estudios Kierkegaardianos de la Universidad de Copenhague, al preguntarse cuál es el fin propio de una empresa, concluye que el más próximo e inmediato es la producción de bienes y servicios con las consiguientes ganancias, pero su fin último y más valioso es la realización plena de los que en ella trabajan y, secundariamente, de todos los que se relacionan con ella. 

El profesor Olivares no desconoce que quien realmente define el fin de la empresa es el empresario que la forma. Por ello, y en sus palabras, conviene más preguntarse si un hombre que funda una empresa tiene como único fin producir dinero. Así, los fines últimos y más valiosos dependerán de los fundadores y sus socios y, por supuesto, de la sostenibilidad de las ganancias. De ahí que una empresa sea una organización con fines de lucro, y todo nuevo emprendimiento al que se aboque tenga esta intención legítima. No obstante, cuando lo que nos preocupa es encontrar una figura jurídica que maximice el lucro de la empresa, pensando menos en los bienes o servicios que ofrecemos y mucho menos en la realización de trabajadores y los que se relacionen con esta, deslegitimamos la intención.

En el mundo, la mayoría de empresas que se deslocalizan buscan, sobre todo, disminuir costos de mano de obra, enfrentar menores obligaciones laborales y tributarias que extiendan sus ganancias y si bien esto no es jurídicamente reprochable, como tampoco lo es que los estados de acogida compitan por darles marcos jurídicos atractivos a su inversión, los unos y los otros contribuyen a la desigualdad. 

Carrera de mínimos que fue desvirtuando la soberanía estatal que lucha porque las empresas nacionales o extranjeras afincadas no se lleven sus capitales y que otras surjan o se afinquen a costa de relativizar derechos. Suman a la desigualdad las personas jurídicas sin ánimo de lucro que suelen lucrar -sin tributar- y las naturales que con músculo económico amenazan a los gobiernos para que la carga tributaria sea menor. 

Todas estas conductas y comportamientos, que rayan en los límites morales, rompen los equilibrios tributarios. El Estado opta por vías regresivas (a mayor ganancia o mayor renta, menor porcentaje de impuestos que deben pagarse sobre la base imponible) y planas como el IVA (grava el consumo y no es dependiente de la base imponible o la renta). Así, los impuestos como instrumento privilegiado de los estados para reducir la desigualdad, contribuyen a esta.

Completa esta perversa ecuación la facilidad que encuentran las empresas y personas naturales para establecerse en centros financieros que aplican un régimen tributario, en especial favorable a los no residentes y que no brindan información soportados en un estricto secreto bancario. Ahora bien, los que se establecen en estos paraísos normalmente no lo hacen creando filiales de la empresa o con el nombre de la persona natural, crean personas jurídicas offshore (en el mar o ultramar), con otro nombre, alejadas de la posible observación del país donde tienen su residencia fiscal.

Si queremos combatir la abrumante desigualdad mundial, casi la mitad de la riqueza está en manos del 1% más rico de la población y la otra mitad se reparte entre el 99% restante (informe 178 de Oxfam), por un lado, los individuos debemos sincerarnos cuando creamos empresa y, por el otro, los estados pactar una base imponible común con una estricta regulación.