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Si bien la paz no fue el único tema debatido en la primera vuelta presidencial, fue el más relevante, al punto que cada candidato se alineaba con su defensa o con hacerle cambios sustanciales al Acuerdo.
De ahí la paradoja que Rodrigo Uprimny señaló en El Espectador: sumados los votos casi 10 millones de quienes apoyaban inequívocamente el Acuerdo y lo implementarían (Fajardo, De la Calle y Petro) ganó con el 51% de la votación, frente a los siete millones y medio de quienes prometían cambios significativos (Duque y Trujillo) con 39% de la votación. No obstante, su implementación está en riesgo inminente.
Iván Duque, el más votado y el más opcionado para ganar, al oficializarse los primeros resultados, matizó que no se trata de destruir o hacer trizas el Acuerdo, sino de “hacerle modificaciones importantes a aquellas cosas que afectan el Estado de derecho”. Es decir -el casi seguro presidente de Colombia- interpretará unilateralmente qué afecta al Estado de derecho y, así, modificará el Acuerdo.
En entrevista a El País, señaló -sin reparos- que era muy grave que se hubiera permitido que los cabecillas de las Farc fueran candidatos a la Presidencia y al Congreso de la República sin haber dicho la verdad, sin reparar a las víctimas y sin haber cumplido las penas por los delitos que cometieron, olvidando que su partido -para mantener vivo el debate hasta las elecciones- hizo hasta lo imposible para ralentizar la implementación de la justicia transicional que los juzgara.
Adicionalmente, y tal vez para ser consecuente con su mentor que considera a las Farc como la organización narcotraficante más importante del mundo, liga el Acuerdo con el aumento de los cultivos ilícitos. Sin embargo, cómo se explica esto, si se desmovilizaron casi 7000 guerrilleros y 2000 de sus milicianos ¿será que no hay más narcotraficantes en Colombia?
Deja claro en la entrevista que si llega a la presidencia va a presentar una reforma constitucional para introducir en esta que el narcotráfico no es un delito amnistiable y que la sustitución y erradicación serán obligatorias y no voluntarias.
Así, ¿debemos inferir que no se les cumplirá a los exguerrilleros y militares que solicitaron amnistías e indultos bajo las condiciones establecidas por una ley que desarrolló parte del Acuerdo de Paz y que fue dictada para facilitar su reincorporación, siempre que no se les imputen delitos distintos a la rebelión? ¿Se revertirán las normas que han permitido que guerrilleros, policías y militares abandonen las cárceles?
Hemos defendido el proceso de paz porque es el mejor de los logrados en el mundo, en particular, en materia de víctimas y justicia de transición que las reivindicará, y porque cumple con los estándares internacionales a los que el país está obligado.
Pero el contrasentido se impone al nivel de obviar el informe de la Corte Penal Internacional emitido el 14 de noviembre de 2016, el cual decía que la fiscal Fatou Bensouda saludó la conclusión de las negociaciones de paz como un logro y anunciaba que “revisará cuidadosamente todo cambio posible en el texto del Acuerdo firmado el 26 de septiembre de 2016, luego del resultado del plebiscito nacional (…) así como todo proyecto legislativo posterior”.
En palabras de Leonard Cohen, escritor canadiense “Aunque estoy convencido de que nada cambia, para mí es importante actuar como si no lo supiera”.
