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¿Carta “Democrática”?

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El líder opositor venezolano Leopoldo López -después de tres años- sigue aislado y acusado de ser el responsable de la muerte de 43 personas en 2014 con ocasión de la represión de la Guardia Nacional Bolivariana -a lo ancho de Venezuela- por las protestas en contra del régimen de Nicolás Maduro, y de ahí que no deja de ser paradójico que dos expresidentes españoles quieran volver a activar la Carta Democrática Interamericana, luego del frustrado intento de 2016 por parte del Secretario de la Organización de Estados Americanos (OEA) Luis Almagro.

Contrario a toda lógica, y sin querer objetivar la discusión a la luz de sus obligaciones internacionales, los interesados Estados miembros de la OEA, no solo pasan por alto su Carta Democrática, sino -y esto es lo más incongruente- desconocen su doctrina de asilo político que defienden -salvo Estados Unidos- como un aporte al derecho internacional. 

Durante el siglo XX, primero de manera consuetudinaria, y luego a través de tres esfuerzos codificadores, desarrollaron una institución humanitaria denominada asilo político, para brindar garantías a los opositores que surgían contra los nada escasos regímenes de facto que prosperaban en la región y que -en sus casos más sonados- invocó Colombia en 1949 a favor de Víctor Raúl Haya de la Torre, y más recientemente, Ecuador en 2012 a favor de Julián Assange. Véase columna de 09.07.2013.

Una lógica interesada de ponderar el derecho de un Estado a la no injerencia en sus asuntos internos sobre un derecho humano, permite que la mayoría de los miembros de la OEA -incluso los no complacientes con el régimen de Maduro- olviden que el juicio a Leopoldo López no brindó garantías al procesado y forma parte de una política de Estado que suma más de un centenar de presos de conciencia encarcelados en Venezuela.

Lo anterior explica que desde Madrid, los expresidentes Felipe González y José María Aznar, nos recuerden a los latinoamericanos que la existencia de presos políticos en Venezuela hace completamente inviable cualquier atisbo de reconocimiento de legitimidad democrática del régimen de Maduro. Enfatizaban -con razón- que nos es comprensible que un gobierno “democrático” se resista a mostrar una mínima voluntad de diálogo con una oposición que se convirtió en mayoría en las últimas elecciones, y que viene dilatando y menospreciando los esfuerzos que en este sentido auspician Unasur y el Vaticano mientras se encierran opositores. 

Entendemos que la iniciativa de los expresidentes españoles se ve empoderada por el tercer aniversario del encarcelamiento de López que -en su víspera- viene precedida de la ratificación de su condena a casi 14 años de prisión que hizo la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, la censura a CNN y la acusación lanzada por el Departamento del Tesoro de EE.UU. contra Tareck el Aissami, nombrado vicepresidente del país, por su implicación en el tráfico de drogas a gran escala desde puertos y aeropuertos del país. 

Independientemente de lo que representen los expresidentes españoles para los gobernantes americanos, como lo señalaba El País de España, resulta pertinente la propuesta realizada desde Madrid a la OEA para que inicie el proceso de suspensión de Venezuela como miembro de pleno derecho de la institución, de lo contrario seguirá primando una razón interesada para prevenir una supuesta injerencia de la multilateralidad en sus propios asuntos internos.

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