Acordemos soluciones para bajar el “recibo de la luz”

El diálogo social es para mí una convicción y es un método. La convicción de que, partiendo de la existencia de grandes diferencias entre actores distintos, el acuerdo es posible. Siempre será la mejor salida y la menos costosa.

También es un método probado en miles de casos y en el que se han formado a centenares de personas y organizaciones en la escuela de la resolución de conflictos.

Y es un espacio para resolver disputas políticas, entendiendo que la política es, entre otras cosas, un diferendo entre diversas posturas o modelos que se convierten en discursos sobre lo que es de todos y todas, es decir, sobre lo público. Aunque reconociendo que, gracias al neoliberalismo, en las últimas décadas lo público ha cedido ante lo privado.

Sin embargo, en el sector eléctrico, por más privadas que sean algunas empresas, estas siguen prestando servicios públicos y es necesario actualizar el marco jurídico que desde hace 30 años regula la prestación de ese servicio. Por la crisis climática, el cambio de modelos de desarrollo y la urgencia de reindustrializar el país una reforma es necesaria.

Pero el camino no son ya los recintos cerrados de los “expertos”, las empresas y los políticos de turno, ahora, debe incluir a la ciudadanía que en ocasiones sufre la necesidad de elegir entre comer o pagar la factura de energía.

Uno de los logros del Gobierno del Cambio es que lo público volvió a ser público y en el sector eléctrico hemos hecho lo propio, a pesar de lo mucho que se ha intentado esconder que hay ideologías e intereses económicos en juego debajo de un pesado lenguaje tecnocrático, poca información en medios y conversaciones de personas expertas siempre afines a un modelo que logró mantener un régimen de cosas que cada día urge ser transformado.

Por eso siempre he establecido canales eficaces de comunicación con la ciudadanía y hemos salido a las calles y a los territorios a hablar con el pueblo, a atender en el terreno sus preguntas, sus reclamos y ahora les decimos que la energía es un derecho que les pertenece.

Y de la misma manera converso con las empresas y sus gremios y les recuerdo que, sin perjuicio de sus intereses económicos -que están garantizados y respetados- según la Constitución, tienen un límite en la función social de la propiedad.

Como he insistido desde que asumí el cargo de ministro, y antes, en el Ministerio de Trabajo, como mediador y negociador, le propongo a todas las partes un diálogo social eficaz, que parta de propuestas concretas y estudiadas, que sea honesto y transparente.

Deben ser conversaciones donde todos sean iguales. Sin vetos nuestros, ni de terceros ¿Por qué, por ejemplo, están excluidos los usuarios y trabajadores de estos debates? ¿Hay una omisión legislativa desde hace 30 años al no incluirlos en los organismos de regulación, vigilancia, seguimiento y control al sistema?

Aún hay mucho por resolver. Por eso es necesario que, entre actores diferentes, a veces muy diferentes, pero socialmente activos como no había ocurrido desde hace años, es urgente convocar a muchas conversaciones públicas sobre el derecho a la energía que nos permitan acordar cambios de fondo necesarios, que nos ayuden a bajar tarifas, acelerar la transición y mejorar la productividad del país, en especial en el Caribe.

Estoy convencido de que la paz es fruto de la justicia, pero también de la empatía y del diálogo, que si es sincero, transparente y propositivo le servirá al pueblo colombiano y será un avance en la construcción de paz entendida como cese de la violencia y de paz también entendida como el logro de acuerdos que encaminen los conflictos hacia soluciones acordadas, reconociendo que siempre serán parte de un camino en permanente transformación.

Las cartas están puestas, el debate público se ha extendido y muestra lo importante que es el tema en la agenda nacional, sobre todo, después del consejo de ministros televisado sobre el tema. Los retos muestran que debemos avanzar y reformar, por eso les propongo que entre todos contribuyamos a alcanzar las transformaciones necesarias en el sector para garantizarle al pueblo colombiano el acceso al derecho humano a la energía eléctrica.

Les invito a detener los efectos del cambio climático cumpliendo a plenitud las obligaciones internacionales a las que Colombia se ha comprometido, entre ellas el Séptimo Objetivo de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, sobre acceso a energía eléctrica y no contaminante.

Les propongo en diálogo permanente que parta de propuestas claras de reducción de tarifas y aceleración de la transición energética sobre las que podamos conversar llegar a acuerdos o unir esfuerzos.

Un diálogo que permita hacer realidad el Programa de Gobierno y el Plan de Desarrollo. Un espacio en donde podamos hacer, avanzar, transformar, una mesa de posibilidades, no un lugar del “no se puede”, no hagan nada o solo hagan lo que nosotros digamos.

Las grandes generadoras de energía deben también proponer soluciones y reformas que contribuyan de manera significativa a esa disminución de tarifas tan anhelada y legítimamente exigida en el país.

Por eso pondremos nuevamente a comentarios un borrador de decreto para fomentar la contratación directa de energía con el que esperamos desatar un debate democrático que permita acordar cosas y no el acostumbrado argumento del nada se puede.

Queremos también abrir una discusión alrededor de un proyecto de ley sobre aspectos concretos que, aparentemente, son de interés de todas las bancadas en el Congreso de la República.

Este fue el tono de mi mensaje en el marco de la Cumbre Mundial sobre Seguridad Energética que acaba de ocurrir en Londres y por el cual, el Director Ejecutivo de la Agencia Internacional de Energía acaba de invitar al país a ser parte de una comisión de alto nivel para construir una política pública internacional sobre el acceso a la energía centrada en las personas.

La conversación está abierta. Hablemos.