Analistas

Venezuela, caos económico y político

La crisis venezolana es de carácter institucional por el debilitamiento del aparato productivo que fue cediendo al Estado el espacio de la producción y la consolidación del capital, por la hipertrofia de la renta petrolera que copó su economía generando la típica “enfermedad holandesa que destruyó el aparato productivo”.

En 1999 Hugo Chávez, llega al poder, elegido por la decepción y la fatiga de un pueblo ante la incapacidad de los partidos y la corrupción generalizada. El Estado de los 298.000 millones de barriles de petróleo en reservas, con la cartera a reventar, otorgaba subsidios, bonos, y ayudas de todo tipo, generando una sociedad hedonista, subvencionada, de altos consumos basados en la importación, que estimulaba la acumulación de capital en ciertos sectores de poder que manejaban el aparato económico. Ese Estado, colapsó por la incapacidad de mantener el descomunal ritmo de gastos y beneficios, ante la caída de los precios del petróleo. La enorme irrigación de circulante, producto de los beneficios que el Estado multiplicó, en aras del populismo político, desbordó la inflación que en 2016 el FMI calculó en más de 475% con una caída del PIB superior a 10%; caída que el Banco Central de Venezuela apreció en 23% con una inflación de 830% y un déficit fiscal que supera 15% del PIB, generando una espiral de precios que impulsó el contrabando, el acaparamiento, el mercado negro y la consiguiente escasez de artículos de primera necesidad.

El débil aparato productivo, asfixiado por impuestos, no puede competir con las importaciones y el contrabando. El desempleo de 17% en 2016 pasará a 20% a finales del presente año según el FMI. Las expropiaciones aparecen, pues el Gobierno necesita un chivo expiatorio para explicar la escasez y el desbordamiento de los precios que superaron 1.000% el año anterior; en su afán de controlar la ola alcista, recurre a la regulación de precios y al control de cambios para evitar la salida de los capitales que se acrecienta ante el temor de las expropiaciones y por la inseguridad jurídica que genera el proceso político. El cuadro se agrava con la fuga de capitales y la desaparición de empresas que colapsan por el régimen fiscalista que pretende subsanar con impuestos la falta de ingresos.

La emisión de dinero y el endeudamiento del país no hacen más que ahondar la crisis, colocando el país al borde del colapso en medio de la descomposición social, la inseguridad alarmante, la creciente ola de protestas, la violencia y la parálisis productiva.
La solución es compleja y pasa por lo político, lo económico, lo social y lo ético. En política, nada indica que el régimen presidido por Maduro tenga capacidad de salir a flote. La economía requiere un profundo revolcón fiscal, un recorte del faraónico gasto estatal y un reordenamiento jurídico que devuelva la confianza ciudadana y atraiga la inversión extranjera, en un marco de recuperación de la ética y de la justicia.

Nada fácil la tienen nuestros vecinos, pero vale la pena mirar la paja en el ojo ajeno, para comprobar que tenemos riesgos similares, sin las características críticas de Venezuela; donde la economía extractiva generó la abundancia y la corrupción que dio al traste con la institucionalidad víctima del populismo.
Aquí estamos lejos de un chavismo a la colombiana y el riesgo no está en el Proceso de Paz. El reto es ajustar el modelo económico para privilegiar producción y crecimiento sostenibles, con equidad y cero corrupción.