“Sapos” a granel

Hacía mucho tiempo no había un panorama tan contradictorio como el que hoy se le abre al país de cara a 2016. El proceso de paz, la economía y las repercusiones en el orden social, son de difícil pronóstico, y se requiere algo más, que buena voluntad, para confiar en los cantos de sirena del Gobierno, o para desconfiar de los agoreros del desastre, que solo pintan nubarrones que supuestamente vienen del Caribe, concretamente de la isla de Fidel.

La firma del acuerdo de víctimas con las Farc, junto con el modelo de justicia para la paz, hay que celebrarlo con la misma frialdad de las  víctimas, presentes en ese acto, pues no son pocos los interrogantes que se abren sobre la justicia de reparación aplicable a los actores del conflicto. Está claro qué va ha hacer el Tribunal para la Paz y está claro a quién va dirigido su accionar en materia de aplicación de justicia transicional. Las dudas surgen en el quién y el cómo. La escogencia indirecta de los miembros del Tribunal es un rodeo, donde todavía no hay un acuerdo, para definir quién ha de escoger sus integrantes. No hay confianza en los organismos de justicia,  que debían ser lo encargados de escoger los magistrados. 

Cómo aplicar las normas que se pacten, en lo que será una especie de código penal ad hoc, es otra incógnita de gran magnitud. Sería ingenuo pensar que la Justicia Transicional va a contar con las herramientas, con el apoyo logístico y con el personal idóneo que haga, dirija las investigaciones y ejerza el control o supervisión de las penas que se impongan. Difícil creer que la Justicia Transicional haga, con eficiencia, lo que no hace nuestra desacreditada justicia.

Forzoso es concluir que el número y el tamaño de los “sapos” que los colombianos debemos digerir, no son pocos ni son de tamaño despreciable. Si el gran objetivo es lograr que el plebiscito se apruebe, habrá que decirle con claridad al país que, si bien es cierto, los negociadores hacen esfuerzos para evitar cualquier asomo de impunidad, que los ponga en la mira de la justicia internacional, tienen claro que nadie se sienta a firmar un acuerdo de paz para terminar con sus huesos en la cárcel o para seguir en la clandestinidad. Las Farc como cualquier grupo que, al margen de la ley, busque el poder, tienen claro que si abandonan las armas, necesitan todas las garantías para sobrevivir sin ellas y para seguir luchando mediante el ejercicio de la política.

Todo lo anterior pasa por un acuerdo económico explícito, y otro tácito, sobre las condiciones que garanticen el cumplimiento de lo que se firme en la Habana. La inversión billonaria a la que he hecho referencia, en otras oportunidades, tiene también preocupantes interrogantes. El tiempo de las dificultades apenas comienza, y los desafueros e imprevisiones del Gobierno, en el manejo de la bonanza, nos van a pasar una factura dolorosa, solo enjugable con nuevos impuestos, y con una apretada de cinturón que puede contribuir a aumentar el escepticismo de los colombianos con el proceso de paz, al que seguramente atribuirán sus afugias económicas.

Finalmente, preocupa la racha que estamos viendo en materia de escándalos de corrupción. Podría afirmarse que los guerrilleros, que aspiran ingresar a esta sociedad, también tendrán que “digerir sapos” para hacer actos de fe en una justicia desprestigiada y en una institucionalidad enferma. La salud, la educación, el fútbol, el Bienestar Familiar, la Dian, alcaldías, gobernaciones, Órganos de Control, Fuerzas Armadas, son víctimas de los maleantes y de los carteles de contratistas que surgen en todos los Organismos del Estado.

Para rematar, estamos ofreciéndole a la guerrilla un sistema electoral que, como lo vimos en las pasadas elecciones, está francamente corrompido, no solo con la mermelada oficial, sino con una serie de vicios que hacen casi imposible competir limpiamente por los cargos de elección popular.

En resumen, el panorama no es fácil para los que están ni para los que llegan.