Un país de leyes donde falta justicia

Ahora, con todo el auge de la influenciadora, Daneidy Barrera Rojas, y su controversial condena, sumado al magno escándalo del MinTIC, los colombianos hemos podido evidenciar que en este folclórico país la justicia es selectiva y poco eficaz. Esto, en el sector salud no es la excepción. Es increíble ver cómo esta área está tan normada -que aspectos simples como el pago de servicios médicos, desde la expedición de la Ley 100, han sido motivo de más de cinco normas que dictan lo mismo; pero como sucede siempre en el país del sagrado corazón, dichas leyes no funcionan.

Ya sea para las elecciones parlamentarias, presidenciales o regionales, nuestros políticos en un afán populista vienen alzando la bandera de una nueva reforma a la salud. El sistema de salud requiere que las leyes se cumplan, debido a que la salud es un sector profundamente normado y solo hace falta voluntad política para hacerla cumplir y generar una verdadera transformación que haga gozar a los colombianos del sistema de salud que se tiene.

Uno de los más polémicos participantes en este escenario de la salud son las EPS o aseguradoras. Mucho se ha hablado de la billonaria deuda que las EPS tienen con los prestadores del servicio. Alrededor de $37 billones, dinero con el cual se podría mejorar más de 50 % de la infraestructura de la red, invertir en tecnología de punta y mejorar las condiciones del personal médico.

A su vez, el gremio de la salud se ha cansado de exigir que se sancione y se tomen medidas contra todas esas EPS que, en su informe financiero anual, la Supersalud señala con causales de liquidación. De lo contrario, se seguirá promoviendo que las clínicas y hospitales se nieguen a prestar servicio a los usuarios pertenecientes a estas aseguradoras con dichas causales y que llevan años sin pagar, como el caso de Coomeva y Medimás.

Para seguir exponiendo la falta de justicia y garantías, con la entrada en rigor de la Ley 100, en la salud se han expedido múltiples decretos que obligan a las EPS - las grandes deudoras- al pago dentro de los 30 días siguientes a la radicación de la cuenta. Sin embargo, a pesar de la Ley, los organismos estatales y de control como el Ministerio y la Supersalud no están garantizando el cumplimiento, haciendo que estas empresas se nieguen al pago, agrandando la deuda, quebrando clínicas y hospitales y poniendo en cuidados intensivos al sistema de salud.

Así es, para todos los prestadores es impactante que la Superintendencia, que se supone que funge como garante, ante las múltiples quejas recibidas solo se ha limitado a contestar que es un organismo técnico y que no puede obligar al pago de acreencias. Lo curioso es que la Súper sí obliga a médicos, clínicas y hospitales a prestar el servicio, sin la certeza de un pago, y de no prestarlos son sancionados severamente por esta entidad.

Este sistema de salud ha permitido que se cree una tríada oscura donde Ministerio y organismos de control conocen a fondo la perversidad de los mecanismos de contratación de las EPS, en las que estas tienen claro lo que el paciente necesita, pero acuerdan con algunos prestadores NO satisfacer la demanda a efecto de que el mecanismo de contratación no le de perdidas ni a la EPS ni al prestador; todo en detrimento del pobre paciente.

Solo las EPS tiene derechos, pero el resto de los actores no pueden hacer nada diferente a someterse a la corrupción y politiquería de la misma y ni siquiera la acción de tutela permite garantizar los derechos. Tenemos que tener claro que el éxito de un país se mide en el cumplimiento de la ley y en el ejercicio efectivo de las instituciones destinadas para garantizar su cumplimiento. Una democracia es aquella donde todos tenemos que cumplir nuestras obligaciones, pero también las instituciones deben garantizar nuestros derechos.