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Los impuestos que pagamos los colombianos, tanto personas naturales como empresas, provienen de nuestro esfuerzo laboral y empresarial. Aportamos con ellos a la finalidad social del Estado de promover la equidad, el bienestar económico y social, por medio de la redistribución de esos recursos. En ese proceso, la educación, como pilar fundamental del desarrollo humano, debe ser una prioridad. Así lo demuestra el porcentaje cada vez mayor del Presupuesto General de la Nación destinado a este sector.
En Colombia, la educación superior es un servicio público de carácter cultural, conformado por instituciones públicas y privadas. A lo largo de los años, los distintos gobiernos han fortalecido este modelo mixto, garantizando la oferta en ambos sectores, bajo principios de la autonomía universitaria y la calidad educativa, como lo establece la Constitución.
Sin embargo, las decisiones recientes en materia de financiación han puesto en riesgo ese equilibrio, al privilegiar de forma exclusiva la educación superior pública. La reducción de cupos de crédito para 2025 y la eliminación de subsidios a las tasas de interés del Icetex, afectan directamente a miles de jóvenes que dependen de estos mecanismos para acceder a la educación superior. Estas medidas han generado preocupación. Instituciones, como la Asociación Colombiana de Universidades, Ascun, medios de comunicación, miembros del Congreso y líderes académicos, entre otros sectores, han alertado sobre los impactos para un acceso equitativo a la educación y el desarrollo de una sociedad del conocimiento, como lo propuso la Misión Internacional de Sabios en 2019.
Reducir el debate sobre la financiación de la educación superior a una dicotomía entre lo público y lo privado, desvía la atención de otros cambios estructurales urgentes en el sistema. El país necesita fortalecer su sistema mixto para responder estratégica y efectivamente a los desafíos del mundo globalizado y digital, potenciando las capacidades y el desarrollo humano, para que la juventud pueda ser capaz de transformar su futuro y contribuir a un mayor bienestar individual y colectivo.
Para lograrlo, el Gobierno debe liderar un diálogo constructivo entre universidades públicas y privadas, el sector empresarial y la sociedad civil. La conversación debe enfocarse en mejorar la sostenibilidad del sistema educativo, ampliar las oportunidades de acceso y garantizar que la educación superior responda verdaderamente a las necesidades del mercado laboral, el crecimiento económico, así como las propias del desarrollo humano.
Desde luego que para ello es crucial explorar diversas y, quizás nuevas, fuentes de financiamiento que promuevan mecanismos innovadores de acceso, como esquemas de financiamiento contingente al ingreso y modelos de cooperación público-privada. Las universidades deben ser espacios donde los jóvenes construyan su futuro y aporten al progreso del país, sin que su elección se vea limitada por restricciones financieras o políticas que pongan en riesgo la diversidad y calidad del sistema educativo.
El fortalecimiento del sistema mixto de educación superior, centrado en el desarrollo humano, no solo es una cuestión de justicia social, sino también una apuesta para el crecimiento sostenible y la competitividad de Colombia en el escenario global.
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