Sin justicia no hay ni democracia ni gobernabilidad

Por poco nos roban la democracia. ¿Qué otra cosa podía esperarse de un gobierno que llegó después de los pactos de La Picota y de los petrovideos; que fue hallado culpable de financiación indebida de su campaña; que nombró y mantuvo a funcionarios procesados por la justicia, y que ha estado inmerso en graves casos de corrupción?

Al analizar en detalle las cifras electorales, se observa que, de los 2.356.134 votos adicionales registrados entre la primera y la segunda vuelta, 1.658.272 fueron para Iván Cepeda. De estos nuevos votos, 650.561 provinieron de lugares con presencia de grupos criminales y 573.079, de lugares donde se practica la compra de votos. Aún queda pendiente una revisión más detallada de la totalidad de los municipios y las mesas de votación.

El principal reto para el nuevo Gobierno será demostrar que la justicia continúa siendo un principio innegociable. El listado de los principales funcionarios y exfuncionarios del Gobierno Petro que tienen procesos ante la justicia da cuenta de esta situación. Entre quienes enfrentan procesos penales o judiciales relacionados con corrupción, contratación o tráfico de influencias se encuentran Luis Fernando Velasco, exministro del Interior; Ricardo Bonilla, exministro de Hacienda; Olmedo López, exdirector de la Ungrd; Sneyder Pinilla, exsubdirector de la Ungrd; Sandra Ortiz, exconsejera para las Regiones; Carlos Ramón González, exdirector del Dapre y prófugo en Nicaragua; y Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud. En materia de presuntos delitos electorales aparece Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol y exgerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022.

Otros funcionarios o exfuncionarios con procesos judiciales son Armando Benedetti, ministro del Interior, quien registra siete procesos ante la Corte Suprema de Justicia; Daniel Quintero, superintendente de Salud y exalcalde de Medellín; Jorge Iván Ospina, interventor de la Nueva EPS y exalcalde de Cali; Wilmar Mejía, director de la Uiaf; y Laura Sarabia, exembajadora en el Reino Unido y exjefa de gabinete.

En cuanto a los procesos disciplinarios por presunta participación en política durante las elecciones de 2026, 196 funcionarios fueron investigados por la Procuraduría. Entre los ministros investigados se encuentran Armando Benedetti, del Interior; Guillermo Alfonso Jaramillo, de Salud; Antonio Sanguino, del Trabajo; y María Fernanda Rojas, de Transporte. También fueron suspendidos provisionalmente Vilma Velásquez, embajadora en Haití; Alfredo Saade, embajador en Brasil; y Carlos Carrillo, director de la Ungrd. El propio presidente Gustavo Petro tiene procesos abiertos, aunque no está sujeto a la jurisdicción disciplinaria de la Procuraduría.

También continúan pendientes los procesos relacionados con familiares y personas cercanas al presidente Petro: Nicolás Petro, investigado por enriquecimiento ilícito y lavado de activos; Luis Fernando Petro, relacionado con el denominado Pacto de La Picota; y su esposa, Verónica Alcocer. ¡Qué vergüenza!

La democracia no se agota el día de las elecciones. Se sostiene, sobre todo, en una promesa silenciosa que da sentido a todo lo demás: que la ley se aplica por igual, que el poder tiene límites y que ningún acuerdo político puede pactarse por encima de la justicia. Cuando esa promesa se debilita, no solo se erosiona la confianza ciudadana, sino que también se compromete la gobernabilidad, porque gobernar sin autoridad moral equivale a administrar una institucionalidad vacía. Si no hay justicia, terminarán robándonos el país.