Lo siniestro del salario mínimo

Las instituciones son la base para que un país pueda desarrollarse. Estas son las que nos han protegido de un gobierno irresponsable, corrupto y populista que ha amenazado de manera persistente con destruir las bases de nuestra democracia. El embate del salario mínimo debe entenderse desde esta perspectiva. El nuevo decreto de aumento para 2026 busca, de manera deliberada, transgredir la ley y poner al país en una encrucijada.

Lo primero y fundamental es hacer que se cumpla lo dispuesto por la ley para la fijación del salario mínimo. Esta norma se estableció para proteger al país de medidas populistas e irresponsables. Saltársela por conveniencia o estrategia política es un salto al vacío al desconocer los marcos institucionales. Si no los hacemos respetar, ya no habrá seguridad jurídica en el país. Son irresponsables e insensatos quienes obran por fuera de lo que establece la ley.

La decisión de mantener los aumentos ya realizados puede ser unilateral y voluntaria por parte de los empresarios, con efectos políticos y sociales adecuados, pero no puede convertirse en un “concierto para delinquir” ni pasar por encima de un ordenamiento legal, pues ello generaría un precedente costoso y destructivo para la economía, la sociedad y la democracia.

Con todo, hay algo más siniestro y grave en esta discusión. Seis de cada 10 colombianos se levantan a trabajar sin tener una ley que los ampare. El salario mínimo y las leyes laborales no existen para ellos. Esta es la gran tragedia social sobre la que marcha, de manera hipócrita, nuestra nación. Si en algo es claro que somos un país fallido es en nuestro régimen laboral.

Colombia configuró una sociedad dual. Una, de apenas 40%, con empleos formales generados en buena parte por empresas que logran ser viables dentro de enormes imposiciones regulatorias y fiscales, y otra compuesta por empleos estatales derivados de esquemas depredatorios. El Estado, Bogotá y Medellín viven de esa cúpula de cristal. Todas las demás ciudades y regiones del país registran más de 50% de informalidad. Los aumentos del salario mínimo y las mayores exigencias de la reforma laboral están profundizando la enorme brecha de esta Colombia dual.

Esa hipocresía capitalina y tecnocrática tiene al país atrapado en una trampa de subdesarrollo. En análisis comparativos de regímenes laborales a nivel internacional se encuentran profundas disfuncionalidades. Colombia, Argentina y otros países latinoamericanos presentan niveles de informalidad superiores a 50%. Estados Unidos y Países Bajos, menores a 4%. Los regímenes laborales más eficientes en términos sociales son más abiertos, por horas, con mayores responsabilidades sociales de los trabajadores y enfocados en una ética del trabajo centrada en la generación colectiva de valor social, más que en el asistencialismo estatal.

El ingreso vital de las familias es una construcción social, no algo que se decreta. Medellín, en 2002, estaba en una situación crítica, con un nivel de pobreza de 50%. La sociedad en su conjunto emprendió un proyecto de transformación productiva e integración social. Para 2024, el ingreso medio de la ciudad aumentó 170%. El aumento para Colombia fue de 30% y para Bogotá de 70% (datos obtenidos con la microdata del Dane). El camino es otro muy distinto: más sociedad y menos Estado inhabilitante.