La historia completa

En días recientes ha circulado una narrativa que atribuye al sector financiero una supuesta falta de voluntad en la implementación del nuevo régimen de exención del 4x1.000. Esa afirmación es engañosa: desconoce los hechos, el alcance de la ley y el trabajo técnico adelantado durante más de tres años. Hace falta una parte de la historia.

La Ley 2277 de 2022 no desmontó el 4x1.000 ni creó una exención nueva. Modificó la forma de aplicar una exención ya existente para movimientos mensuales que no superen las 350 UVT y que actualmente utilizan 29 millones de personas. Hoy los colombianos siguen gozando de ese beneficio en sus cuentas marcadas. Nunca lo han perdido. Por eso, afirmar que quedaron sin beneficio es impreciso.

La norma introdujo una nueva regla de aplicación. El tope de las 350 UVT debe distribuirse entre las cuentas de un mismo titular, lo que exige consolidar todas las transacciones de cada ciudadano dentro del sistema financiero y cooperativo. Esta tarea requiere interoperabilidad, trazabilidad, seguridad de la información y coordinación entre todos los obligados a retener el impuesto. Además, debe hacerse con estricto apego a la ley, pues una aplicación indebida podría generar responsabilidades administrativas e incluso penales.

Ahí está el verdadero punto. La dificultad actual no obedece a una decisión discrecional del sector financiero ni a una restricción autoimpuesta por las entidades. Obedece al propio diseño legal de la medida, que exige la participación del 100% de las entidades obligadas para que el sistema pueda operar.

Esta no es una posición aislada del sector. Hace unas semanas, el Consejo de Estado ratificó que la entrada en vigencia del nuevo sistema está sujeta a dos condiciones. La primera, el cumplimiento del plazo legal, surtido desde el 13 de diciembre de 2024. La segunda, la incorporación de la totalidad de los actores al sistema interoperable. En otras palabras, no basta con que la mayoría esté lista, la ley exige que estén todos.

Las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera, que representan cerca del 95% de la transaccionalidad del país, han trabajado decididamente para hacer viable este sistema. Lideraron la selección del proveedor tecnológico, adelantaron desarrollos internos, atendieron requerimientos de supervisión y han participado activamente en las mesas con la administración tributaria. La realidad muestra que no han frenado la implementación; por el contrario, han liderado su desarrollo y están listas para operar el esquema unificado.

Desde el sector hemos planteado una alternativa razonable: permitir una entrada escalonada con las entidades ya preparadas, mientras se completa la integración de los demás obligados. Sin embargo, las autoridades han señalado que esta solución excedería sus facultades reglamentarias. Esto confirma que el problema no está en la voluntad del sector, sino en las restricciones jurídicas del marco vigente.

El centralizador es una buena idea y el sector siempre apoyará las ideas en favor de los colombianos, esto hace parte de nuestro ADN. La banca está lista y ratifica su compromiso con la implementación efectiva del sistema unificado del GMF. Los colombianos merecen información precisa y rigurosa, los colombianos merecen la historia completa.