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La consulta sobre los temas de empleo que quiere hacer el Gobierno puede causar un profundo daño al país. El problema estructural más grave que enfrenta Colombia es la informalidad. Según los datos publicados por el Dane, esta semana, 56,8% de la población empleada es informal. En el último año, se crearon 616.000 empleos informales, 255.000 formales, 70,7% del empleo creado es informal.
Según el Dane, la pobreza monetaria en Colombia es de 33%. Múltiples estudios, entre ellos del Banco de la República, indican que el principal factor asociado a la pobreza es la precariedad laboral y el desempleo. No resolveremos la pobreza y la exclusión social, si no resolvemos el problema de la informalidad.
La informalidad tiene un enorme costo para el Estado. $51 billones serán girados este año para el régimen subsidiado. La cuenta de pensiones deficitaria obliga al Gobierno a girar $66 billones este año. Si estos empleos fueran formales, aportarían a salud y pensiones. Se ahorrarían además los subsidios de servicios públicos y la larga cadena de asistencialismo que ahoga al país.
La insensata carga regulatoria es inoperante en la práctica y a su vez se convierte en la causante de la informalidad ¿De qué sirve el salario mínimo si aplica a un bajo porcentaje de la población que está en ese rango, menos de 13%, y 57% de la población está por fuera de ese marco laboral? ¿De qué sirve la reforma pensional si aplica a solo 40% de la población y el resto sigue por fuera del sistema? ¿De qué sirve la reforma laboral si aplica solo a un mínimo de la población y la mayor parte de los empleados está en la ley de la selva? Sirven solo para una cosa. Para agravar la situación de la gran mayoría de los colombianos y hacer más profunda la trampa de pobreza de 33% de la población.
Al igual que se rechazó la reforma laboral en el Congreso, este debe rechazar la consulta por dañina para el país y por inconveniente para la democracia. El populismo regulatorio ha hecho un enorme daño a los países que lo han usado. De un parte fractura y polariza a la población, y de otra genera unas inflexibilidades legales que llevan a los países (o ciudades) a quedar atrapados en sendas de bajo crecimiento o degradación. Europa y Detroit son dos ejemplos.
Es un absurdo creer que una norma, por ser emitida, trasforma una realidad económica que está determinada por factores reales de viabilidad. Por eso terminamos teniendo un país real en la informalidad y un país “soñado en las leyes” que no existe y en cada momento se está degradando más. Esta consulta es un crimen contra esos colombianos que están condenados a vivir por fuera de la ley laboral. Ese conjunto de preguntas “Pambelé” fracturará más al país y llevará cada vez más población a la pobreza.
Esta generación de colombianos, y muy específicamente los economistas de la tecnocracia, los neoconstitucionalistas de la reforma del 91 y los demás hacedores de políticas públicas, estamos dejando un legado vergonzoso para la historia. Un país atrapado en la informalidad.
