Destrucción de lo público

Hace unos meses se conoció que el nombramiento del gerente de la Hidroeléctrica Urrá había sido una cuota política. Luego de años de manejo prudente la empresa es ahora instrumento de un saqueo corrupto. Y supuestamente esta iba a ser el eje de la empresa pública de energía del caribe que ese gobierno pretende montar.

Algo similar está ocurriendo con ISA. A quien nombró el gobierno tiene en curso una decena de procesos en su contra. ISA pasó de vender US$150 millones anuales en el año 2000, teniendo un único servicio en una sola geografía, a vender más de US$3.500 millones con múltiples servicios en varios países de Latinoamérica. De ser una empresa ejemplar puede pasar a ser un riesgo sistémico para el sector eléctrico y para el país. Con Ecopetrol ya estamos enfrentando los riesgos de desabastecimiento de gas y la erosión de las capacidades de la compañía.

El Estado colombiano había adoptado un modelo exitoso de gestión de lo público manteniendo una parte importante de la propiedad de las compañías, pero incorporando códigos de gobierno corporativo y esquemas de administración privada. Esto se traducía en cuidadosas selecciones de los gerentes y equipos de administración, la continuidad de estos con el paso de los gobiernos y unos importantes ingresos para la nación.

Un caso excepcional de gestión 100% público ha sido EPM. Se constituyó partiendo de sociedades privadas o mixtas desde inicios del siglo 20 y se consolidó en los años cincuenta como la empresa actual. Ha tenido tres crisis que se han evidenciado por el cambio precipitado de gerentes. La primera fue después de las elecciones de 1970 que derivó en que en su junta estuviera un grupo dominante de la Anapo. Se tuvieron cuatro gerentes. Luego se retomó el rumbo con un gerente que duró nueve años y montó la estrategia de generación eléctrica que hoy explica 60% de los ingresos de la empresa.

La segunda crisis fue a comienzos de este siglo, con una alcaldía populista y con denuncias de corrupción, en donde también se tuvieron cuatro gerentes. Y la última crisis fue en la alcaldía anterior, de la línea del Pacto Histórico, nuevamente con múltiples gerentes y el último y más cuestionado es el que ahora estaría en ISA. La izquierda y el populismo lejos de proteger los patrimonios públicos los destruyen.

Aún con el buen manejo que tuvieron Ecopetrol, ISA, Urrá y EPM, queda una gran pregunta sobre el uso de los enormes recursos que generaron. Un ministro de Santos señalaba que la financiación de los programas sociales se soportaba en los recursos obtenidos de Ecopetrol. Allí está la falla, en vez de convertir estos recursos en nuevas capacidades sociales nos los gastamos en asistencialismo.

En los últimos 20 años EPM le ha transferido al municipio de Medellín $20,65 billones. Una cifra similar a la inversión en Hidroituango o en las vías 4G en Antioquia. Se han destinado en múltiples programas de atención social, educación y pequeñas infraestructuras. Si se hubieran dedicado a crear capacidades y la creación de empresas se habrían generado más de 300.000 empleos, los necesarios para erradicar la pobreza en la ciudad. El asistencialismo de derecha también destruye lo público.