El DNP, la planeación y la patria milagro

El nombramiento, presentación y posterior reemplazo de quien había sido anunciado como director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), junto con la divulgación de una diapositiva para construir las bases del próximo Plan Nacional de Desarrollo titulada “El ciclo del milagro”, en la que se plantea acabar con la JEP, revivir la prohibición del matrimonio entre parejas del mismo sexo y “revertir el aborto”, entre otros, abren tres debates: sobre las calidades de quien debe dirigir el DNP, sobre la necesidad y el papel de esta entidad y sobre las bases políticas y conceptuales del próximo Plan de Desarrollo. En esta columna me ocuparé de parte de los dos últimos.

Antes de discutir si el DNP debe existir, conviene recordar para qué sirve. Es central en la construcción del Plan Nacional de Desarrollo, la definición de la inversión pública, la formulación y evaluación de políticas públicas y los lineamientos para la distribución de las regalías, además de articular las decisiones de la Nación con departamentos y municipios. Discutir su existencia no es, por tanto, un asunto burocrático: es decidir quién planea el desarrollo, cómo se priorizan los recursos públicos y qué capacidad tiene el Estado para pensar más allá del gobierno de turno.

El debate sobre el DNP es, en realidad, uno más profundo: si el Estado debe tener capacidad de planear. Desde una visión “libertaria”, la planeación estatal se mira con sospecha y se confía en las decisiones de los individuos y del mercado; desde otra, planear es una capacidad esencial del Estado para orientar los recursos hacia objetivos colectivos. Como plantea Martín Arboleda en Gobernar la utopía, detrás está la disputa sobre quién imagina el futuro, define las prioridades y decide sobre los recursos de todos: si el mercado, guiado por la rentabilidad de unos pocos, o el Estado, mediante un proceso reglado y sometido, aunque débilmente, a deliberación pública y validación democrática.

Y si esa es la disputa, para una sociedad como la colombiana la respuesta debería ser inequívoca. En un país marcado por profundas desigualdades y brechas sociales y territoriales, donde el Estado aún no garantiza plenamente derechos y bienes públicos en todo el territorio, renunciar a la planeación sería renunciar a una de sus principales herramientas de transformación. Planear supone construir un horizonte de sentido de mediano y largo plazo, definir objetivos de desarrollo, cómo alcanzarlos, cuánto cuestan y cómo financiarlos. Por eso, entidades como el DNP no solo deben existir: deben tener la capacidad de cumplir esa tarea.

Y es precisamente por esas enormes necesidades que Colombia no puede darse el lujo de desperdiciar su capacidad de planeación. Resulta entonces preocupante que lo conocido hasta ahora del “ciclo del milagro” sugiera que las capacidades de planeación y prospectiva del DNP y del propio Estado podrían ponerse al servicio de desmontar derechos, en lugar de enfrentar las desigualdades, crear riqueza, industrializar el país y reducir la pobreza. El Plan Nacional de Desarrollo debería expresar un horizonte de transformación y no convertirse en la hoja de ruta para derribar conquistas esenciales de la vida, la democracia y la Constitución de 1991.

Por eso, este no es un debate que pueda quedar confinado al gobierno o al DNP. Toda la sociedad colombiana debe estar atenta a la discusión sobre su existencia y, sobre todo, a las bases del próximo Plan Nacional de Desarrollo. Allí se definirá para qué se utilizará la capacidad del Estado durante los próximos cuatro años y, en buena medida, qué país se pretende construir y qué derechos se pueden garantizar o perder. Por ahora, todo indica que serán más los segundos que los primeros.