Reforma al SGP: Retos y respuestas

*Con la colaboración de Yesid Sandoval

Durante las últimas tres décadas el nivel central del gobierno ha transferido competencias a las entidades territoriales sin los recursos correspondientes, a pesar de estar expresamente prohibido por la Carta Política.

Pastrana (2001) y Uribe (2007) reversaron el acuerdo de la asamblea constituyente y lograron bajar las transferencias de 46,5% de los Ingresos Corrientes de la Nación al 22% en el 2022, que se estabilizará en el 30,5% a partir del 2027. A la par, el nivel central no para de invadir las competencias constitucionalmente descentralizadas realizando directamente obras e inversiones que no le corresponden.

El Congreso Nacional discute un acto legislativo de reforma al SGP. Las propuestas varían desde regresar al 46,5%, el 28% aceptado inicialmente por el Ministerio de Hacienda, el 31,5% propuesto por la Misión de Descentralización (o 37% si se suma el Fondo de Convergencia Económica Territorial) hasta llegar al 39,5% acordado entre el gobierno y los ponentes el lunes pasado y aprobado por el senado en sexto debate.

Anif, Fedesarrollo, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, así como economistas, analistas y algunos congresistas, anuncian la quiebra de las finanzas del Estado de aprobarse esta reforma. El gobierno nacional sale al paso condicionando el aumento de las transferencias a tres criterios: una ley de traslado de nuevas competencias, un enfoque de cierre de brechas territoriales y una transición de 12 años.

Se plantean entonces dos retos: i) la posible quiebra de las finanzas estatales y ii) la definición de las competencias a transferir.

El primer reto tiene una respuesta: La quiebra se evita si el gobierno nacional reduce su tamaño, los gastos de funcionamiento y las inversiones que suplantan las competencias territoriales.

La Misión de Descentralización calculó que entre 2021 y 2024 el Presupuesto General de la Nación registra partidas de inversión en competencias territoriales (vías terciarias, escenarios deportivos municipales, parques, casas de ancianos y jóvenes, plazas de mercado, entre otros) que suman un total de $14,5 billones de pesos anuales (en pesos del 2023). La invasión de competencias equivale al 5,8% de los ICN, 25% del SGP y al doble del Propósito General del SGP. Además, los recursos de educación y salud, en su mayoría no son operados por las entidades territoriales pues se giran desde el nivel central para el pago de la nómina y las prestaciones docentes pactadas con Fecode, y para los prestadores de salud a través de la Adres.

Ahora bien, detrás de estas partidas de inversión están funcionarios y contratistas nacionales que gestionan su ejecución cuyo costo está por determinar. Así como pululan chalecos, recursos y fondos nacionales, se entrelazan y duplican esfuerzos y recursos, creando una desarticulación general que impide toda planeación territorial de la inversión, burla la autonomía territorial y expulsa las comunidades de su participación incidente en el gasto y las políticas públicas descentralizadas.

El segundo reto tiene la misma respuesta: Si el nivel central deja de suplantar las competencias de las entidades territoriales y transfiere dichos recursos podría resolverse el problema.

La revisión de la distribución de competencias inter gubernamentales fue recomendada por la Misión de Descentralización. Bogotá, las grandes ciudades y los departamentos más desarrollados recibirían competencias, pero sobre todo más autonomía. La mayoría de los gobiernos locales tienen bajas capacidades y ni siquiera pueden cumplir con las competencias actuales, pues los recursos transferidos y propios no son suficientes. Finalmente, existen otras competencias mixtas que deben aclararse como la alimentación y el transporte escolar, donde se involucran todos los niveles de gobierno y fuentes de recursos, pero las responsabilidades se confunden y los dineros no alcanzan.