La verdad sobre los impuestos “saludables”

Los impuestos saludables son una estafa a los colombianos. Un impuesto que se justifica en el nombre de la salud pública debería, como mínimo, mejorar la salud pública, y este no lo ha hecho: en Colombia, los impuestos a las bebidas azucaradas y a los alimentos ultraprocesados no cambiaron los patrones de consumo de los colombianos, solo modificaron cuánto pagan por su mercado.

Los impuestos saludables son el equivalente a una obra por valorización en la que los ciudadanos pagaron con sus impuestos una obra que nunca llegó. De la misma manera, estos impuestos cobran por una mejoría en la salud pública que es inexistente. Por eso creo, sin rodeos, que hay que eliminar estos dos impuestos.

En Colombia no existe un solo estudio que demuestre el impacto positivo de estas medidas y la evidencia internacional disponible apunta en la misma dirección. El estudio más completo sobre este tema en América Latina es el de México, y muestra que, tras la entrada en vigencia de estos impuestos, los hogares sustituyeron los productos gravados por otros alimentos: al final el número total de calorías consumidas no cambió y, en cambio, subió su consumo de sodio en 5%, de colesterol en 6% y de grasa en 1%. No hubo ningún cambio significativo en el índice de masa corporal. Es el mismo patrón que documentan estudios en Estados Unidos sobre este tipo de impuestos, en donde niños y adolescentes no tuvieron cambios en su peso corporal.

Estos impuestos no mejoran la salud, pero sí cambian el costo del mercado para una familia colombiana. El impuesto a los ultraprocesados grava productos como los cereales de desayuno, galletas, salchichas, jamón, chorizo, leche en polvo, mantequilla y chocolate, productos de consumo diario, no de lujo. Cada uno de esos productos paga hoy un impuesto adicional de 20% sobre su precio, un cargo que ninguna familia decidió pagar por elegir comer sano: lo paga por comprar lo de siempre.

Los hogares de menores ingresos, por ejemplo, ahora destinan hasta 4,7 veces más de su presupuesto a gaseosas y maltas que los hogares de mayores ingresos, según el propio Dane. Un impuesto que golpea más fuerte al que menos tiene no protege a nadie, lo empobrece.

Estos impuestos tampoco protegen a quien vende. Según Fenalco, 67% de las tiendas de barrio del país resultó afectado por los impuestos saludables. Hoy los tenderos reportan una caída de 25,4% en sus ventas y de 47,27% en sus márgenes. De ese comercio dependen cerca de 450.000 establecimientos y más de un millón de familias, 96% de estratos 1, 2 y 3.

Si estos impuestos no mejoran la salud y golpean a quien menos tiene y a quien vende, hay que preguntarse para qué sirven. La respuesta está en la caja del gobierno: estos impuestos recaudan más de $3 billones al año. La relación tributaria entre el Estado y los colombianos debe construirse con la verdad sobre la mesa, y hoy la verdad es que los impuestos saludables no tienen una destinación específica al sistema de salud: financian el presupuesto general con el que se pagan camionetas blindadas y contratos de prestación de servicios. Por eso insisto en que hay que eliminarlos: no podemos seguir usando el cuidado de nuestros niños y adolescentes como excusa para llenar las arcas del Estado.

Que la salud de los colombianos es importante, no lo discuto, pero se debe proteger con política pública real. Yo creo en la libertad del consumidor colombiano para decidir qué come, y esa libertad exige información, no un precio artificial que decida por él. Por eso defiendo que se mantenga el etiquetado frontal de advertencia, que le dice a la gente lo que tiene en frente sin castigarla por elegirlo.

Por todo lo anterior, junto con la representante Carol Borda, radicamos un proyecto de ley para eliminar los dos impuestos. En el Congreso existen varios proyectos sobre esta materia, incluido uno con ponencia ya radicada por el representante Juan Loreto Gómez, que propone eliminar únicamente el impuesto a los ultraprocesados y dejar intacto el de las bebidas azucaradas, sin ninguna justificación técnica que explique por qué uno se elimina y el otro no.

Ahora le corresponde citar este debate al presidente de la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes, el representante Ape Cuello, para que sea el Congreso, y no el silencio, quien decida si el Estado les sigue cobrando a los colombianos por lo que deciden comer, o si por fin les devuelve la libertad de elegir.