Traición a la patria

Traición proviene del latín traditio, que significa entrega. Los audios que revelaron cómo el gobierno subordinó la seguridad nacional a los antojos de los grupos ilegales -suspender capturas, extradiciones, bombardeos y retirar valiosos militares y policías- corroboran lo que ningún Estado puede hacer: ofrecer su propia Fuerza Pública a merced de los criminales, entregándola a los enemigos de la patria. Cuando esto ocurre, además de violar flagrantemente la Constitución y la ley, se somete a los ciudadanos a los delincuentes y se renuncia al deber de protección del Estado sobre todos los colombianos. Se traiciona a la patria.

Pero estas evidencias no fueron algo improvisado o accidental. Se trató de reuniones oficiales, pactadas, con agenda política y acuerdos. Si alguien argumenta que el presidente tiene facultades sobre el orden público, la misma Constitución señala que, en un Estado de derecho, solo le está permitido hacer lo que la Constitución y la ley le autorizan.

Para esa fecha, el marco jurídico no habilitaba acercamientos con el Clan del Golfo, que no es una organización política, sino narcotraficante, además clasificada como terrorista por Estados Unidos, igual que las disidencias Farc y el ELN. El Código Penal, en su Título XVII, señala que cuando un servidor público actúa deliberadamente en favor del enemigo de la nación o en detrimento de su capacidad de defensa tipifica los delitos descritos como traición a la patria.

Pero, como se ha insistido desde la academia, la opinión y en defensa de las instituciones, fue una estrategia de debilitamiento y desmonte sistemático de las capacidades de la Fuerza Pública. La desaparición de los comandos conjuntos en las Fuerzas Militares, la ruptura de la comunidad de inteligencia por la intromisión política del DNI en las decisiones de las fuerzas, el drástico recorte presupuestal que implicó helicópteros en tierra y la falta de inversión, que hoy nos tienen avasallados por drones con explosivos y nuevamente tomas guerrilleras en cientos de poblaciones, determinaron la pérdida de la ventaja y la iniciativa operacional contra estos grupos.

La salida masiva de miembros de la Fuerza Pública no solo retirados sin explicación, sino impidiendo sus ascensos, como lo reveló el general Óscar Murillo, del Ejército, con la indebida e ilegal intromisión del DNI en las juntas de evaluación para impedir el ascenso de coroneles, obligándolos a pedir su retiro, confirma el patrón develado de “purgas” contra destacados oficiales, destruyendo la experiencia, el relevo generacional cualificado y enviando un mensaje generalizado de desmotivación. El gobierno lo logró: llevó internamente a una espiral de divisiones, desconfianzas y enfrentamientos entre sí, debilitando la cohesión, la moral y la disciplina.

Cientos de destacados oficiales del Ejército y la Policía, por el solo hecho de haber pertenecido a la especialidad de inteligencia o de haber arriesgado sus vidas en innumerables operaciones altamente riesgosas contra el crimen, fueron objeto de una perversa y desmedida persecución. No eran funcionarios corruptos ni violadores de derechos humanos, como ahora pretende encubrir el Gobierno; eran oficiales formados, los mejores de sus cursos, hombres íntegros y de familia, que trabajaron sin descanso por el país. Le queda al nuevo gobierno recuperar el valioso capital humano y moral descapitalizado durante estos años.

Resulta fundamental recordar el testimonio valiente del general Henry Sanabria, exdirector de la Policía Nacional, quien confirmó que durante su gestión existieron presiones para frenar operaciones y, a pesar de que el Gobierno lo niegue, estas afirmaciones tienen un enorme peso institucional por provenir de quien dirigió la Policía Nacional.

Estos cuatro años quedarán marcados como el periodo más corrupto y nefasto en la historia contemporánea de la nación; el que causó graves secuelas en la seguridad. No hubo ingenuidad ideológica, hubo un plan que debilitó al Estado, fortaleció al crimen, persiguió a los mejores militares y policías y dejó a regiones enteras a merced de las organizaciones narcoterroristas. El Código Penal tiene un nombre para eso y también la historia, pues la patria no olvida, como tampoco la justicia colombiana o norteamericana.