El Acuerdo de Paz: una apuesta por los territorios más pobres

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Cuando en Colombia hablamos del Acuerdo de Paz de 2016, todavía solemos reducirlo a una sola imagen: la dejación de las armas por parte de las antiguas Farc. Pero el Acuerdo es mucho más que el fin de la confrontación armada. Es también un instrumento de política pública que creó una hoja de ruta para transformar los territorios más afectados por la violencia, la pobreza y el abandono estatal, orientando recursos y capacidades del Estado, la comunidad internacional, el sector privado y las propias comunidades hacia estas regiones.

El ejemplo más claro son los 344 municipios Zomac y los 170 municipios Pdet, categorías que en buena medida se superponen y que concentran una parte importante de la población de los territorios más afectados por el conflicto. En estos municipios, el Acuerdo de Paz permitió establecer mecanismos especiales para concentrar inversión pública, privada y de cooperación internacional, con el propósito de cerrar brechas históricas de infraestructura, servicios y derechos.

El Acuerdo también creó una arquitectura para llevar recursos a estos territorios. La implementación de la paz quedó incorporada a los Planes Nacionales de Desarrollo mediante un capítulo y un componente de inversiones para la paz, con el Plan Marco de Implementación como hoja de ruta. A esto se sumaron instrumentos como el Ocad Paz, el Fondo Multidonante de Naciones Unidas y Obras por Impuestos, que permite al sector privado financiar proyectos en estas regiones.

Gracias a estos mecanismos, en estos casi diez años se han destinado más de $152 billones a la implementación del Acuerdo. Entre las principales fuentes están cerca de $75 billones del Presupuesto General de la Nación, $34,8 billones del Sistema General de Participaciones, $19 billones del Sistema General de Regalías y $4,7 billones mediante Obras por Impuestos. Son recursos que han permitido avanzar en regiones que durante décadas han enfrentado profundas brechas de infraestructura, servicios y derechos.
Durante el Gobierno Petro se hizo el mayor esfuerzo de inversión pública destinado a la implementación del Acuerdo de Paz.

Durante el cuatrienio se invirtieron más de $61 billones y las fuentes bajo control directo del Gobierno nacional crecieron 80,8% frente al período anterior. En 2025, además, se destinaron más de $10 billones del Presupuesto General de la Nación a la implementación. Obras por Impuestos alcanzó ese año un récord histórico de $1,15 billones para proyectos en municipios Pdet y Zomac, mientras el Sistema General de Regalías destinó $4,12 billones a proyectos de estos territorios.

Por eso resulta tan grave el anuncio de Abelardo de la Espriella de acabar con la implementación del Acuerdo y con la institucionalidad que la sostiene. ¿Qué pasará con estos municipios si el Plan Nacional de Desarrollo deja de tener un capítulo de paz y un componente de inversiones? ¿Qué ocurrirá con las regalías, Obras por Impuestos y los demás mecanismos que garantizan inversión pública? Esta debería ser una preocupación nacional para empresarios, mandatarios locales y comunidades.

Desmontar esta arquitectura significará menos inversión, más pobreza y mayor desigualdad precisamente donde más necesitamos cerrar brechas.