Contra la debacle de las finanzas públicas: tres propuestas

La encrucijada de las finanzas públicas del país es crítica: a la suspensión de la regla fiscal en junio de este año, elevando la meta de déficit de 5,1% a 7,1% del PIB, se le suma el tercer intento de reforma tributaria de este Gobierno, la cual, tiene más contenido político que técnico. Esto, sumado al crecimiento desbordado del gasto público, especialmente el de funcionamiento, que pasó de $350 billones en 2022 a $557 billones en 2026, con un incremento de 74%, coloca al país en una posición insostenible, al borde de una debacle.

El asunto no se resuelve con más reformas tributarias. El país presenta una reforma cada dos años, dando respuestas coyunturales, paños de agua tibia. Aquí es donde reviven los fantasmas de lo que vivió Argentina a inicios de siglo, sin liquidez, echando mano de las cuentas de ahorro de los ciudadanos, sólo pagando deuda o las pensiones y asignaciones de retiro con bonos para el supermercado, sin ninguna expectativa de inversión o crecimiento.

Infortunadamente, las propuestas tradicionales son macroeconómicas y se limitan a recortar el gasto entre 3% y 4% del PIB, sin revisar un problema estructural que se remite al origen mismo del diseño del modelo de financiamiento de los sistemas de salud, educación y pensiones, que por el tamaño de su gasto, son inflexibilidades no dejan margen a la inversión en lo que si nos permitiría crecer: infraestructura, tecnología y servicios.

Analicemos primero la reforma. Exigua, politiquera e idealista. Exigua, es decir insuficiente, porque no resuelve el problema estructural de las finanzas en el país, que llegó a su colapso. Politiquera porque nuevamente le lanza el balón al Congreso y lo lleva al plano de un enfrentamiento donde el gobierno se victimizará, señalando que no le aprueban sus reformas -evidentemente por antitécnicas- y podría llamar a revivir el “constituyente primario”, como lo hizo con la consulta popular, cuando se hundió en principio, su reforma laboral. Idealista porque no hay ambiente legislativo para aprobarla, máxime cuando requiere armonizarse antes del 15 de septiembre, fecha límite para definir el presupuesto general de la nación.

Necesariamente el camino hacia la viabilidad fiscal pasa por un consenso político y social. Solo así se podrá avanzar presupuestalmente más allá de coyunturas electorales o políticas, por lo que propongo tres elementos de análisis y propuesta de solución. El primero pasa urgentemente por la reducción del tamaño y el gasto de funcionamiento del Estado que ocupa casi 70% del PIB: más de $360 billones: nóminas, contratos de prestación de servicios, es decir pura burocracia.

Segundo, reformar el marco fiscal institucional, retomando la regla fiscal de 1% del PIB como meta estructural, haciéndola más robusta y otorgándole mayores herramientas coactivas. Por ejemplo, aplicar por ley, una reducción automática al presupuesto del que dispone el gobierno, si el déficit se profundiza por falta de justificación técnica, es decir por mal gobierno. Se requiere dotar de legitimidad el gasto, como enseñó Max Weber, subordinar lo político a lo técnico, la burocracia a la ética y la incompetencia a la eficiencia.

Tercero. Fortalecer el ingreso tributario sin frenar el dinamismo económico. Nadie pone en duda que nuevos renglones comerciales como los juegos en línea o de azar, deben tributar. Lo que no es justificable son más impuestos a la propiedad, a la actividad comercial, a los vehículos, incluso a los combustibles, peor aún, con un argumento populista, como el que la gasolina solo la usan los ricos, como si las guadañas, las fumigadoras de espalda o motos en las que se movilizan los campesinos se tanquearan con agua.

En este punto, es fundamental desincentivar la informalidad que supera 60% y eso se hace al revés, no llenando de más cargas impositivas a las empresas, sino reduciendo los costos de formalización, mejorando las habilidades de los trabajadores y fomentando incentivos territoriales para el empleo de calidad, atrayendo así inversión a las regiones.

Todo esto lleva necesaria y urgentemente a un ajuste institucional profundo. Será en el nuevo gobierno, donde se plantee una Gran Mesa Nacional integrada por el sector privado -motor de la economía-, gobierno, academia y sociedad, con una hoja de ruta hacia 2030 que equilibre el déficit y permita disponer de mayores recursos en tres elementos que nos permitan crecer y corregir ahí sí, las inequidades sociales: una ambiciosa red de infraestructura y tecnologías 5G, recuperar la seguridad en las regiones para impulsar la actividad productiva y finalmente, un novedoso esquema mixto (público-privado) de financiamiento para salud, educación y pensiones.

La salida no se encuentra en una simple reforma tributaria: está en una reingeniería fiscal profunda, desde esa Gran Mesa Nacional, con una visión de modernización institucional. No se trata solo de salvar las finanzas del Estado, sino de restaurar su credibilidad, para asegurar la sostenibilidad de los recursos que son finalmente nuestra salud, servicios públicos, ahorros para la vejez y seguridad en campos y ciudades. Sólo así se alcanzará equidad en lo social y se logrará avanzar hacia el desarrollo del país.