Asonadas: golpes que minan la autoridad

Sea en labores de erradicación, de patrullaje en zonas con influencia de grupos ilegales o cuando se captura un delincuente, asistimos a las asonadas como el espectáculo por excelencia de pérdida de respeto por la autoridad. No son casos aislados, más de 38 asonadas en 2025 -una por semana- según cifras del Ejército, en Guaviare, Cauca, Nariño, Huila, Putumayo y Meta, entre otras, confirman que no es un simple rechazo a operativos, ni instrumentalización de la comunidad; las cosas por su nombre: es una estrategia de los grupos terroristas, alimentada durante los últimos años con un discurso contra la Fuerza Pública.

Para los miembros de las Fuerzas Militares y la Policía, proceder, se convirtió en un riesgo jurídico, una sentencia política y un dilema mediático. Jurídico porque pese a que pueden hacer uso de la fuerza ante una agresión, jurídicamente no corren con la suerte de que su actuación se interprete a la luz del derecho, como una respuesta legítima contra quienes pretenden afectar el cumplimiento de un deber legal como representación de la autoridad del Estado, sino, tristemente con sesgos y prejuicios, inmediatamente los pone en desventaja frente al delincuente, desmotivando su actuar, por el riesgo de enfrentar una investigación que termina acabando sus carreras.

Vaya un ciudadano intente si quiera asumir una actitud amenazante contra un policía o agente federal en Estados Unidos o en Europa, mucho menos agredirlo. Las penas son altísimas, no hay ningún tipo de fianza y además debe cumplir su pena en prisión, nada de domiciliarias, pues desafiar la autoridad inmediatamente convierte al individuo en un sujeto altamente peligroso bajo la premisa de que si se atreve a agredir a un servidor público, con mayor razón y violencia lo hará contra un ciudadano indefenso.

Lo anterior nunca será óbice para los excesos. Precisamente por ser servidores públicos deben ser los primeros en dar ejemplo, en cumplir la ley, en ser modelos de excelencia en el trato con el ciudadano. Siempre se ha dicho desde las instituciones: quien se aleje de los postulados éticos y la doctrina debe responder estrictamente ante la ley.

También es una sentencia política, porque el discurso irrespetuoso contra militares y policías, promovido desde sectores del mismo gobierno nacional -quienes deberían ser los primeros en respaldarlos y cuidarlos-, generalizando y tachándolos de cohonestar con traficantes o de actuar en complicidad con el crimen, lo que hace es desmotivarlos. Entonces se genera el efecto contrario, el delincuente, quien viola la ley, claramente ve esa fisura, esa falta de apoyo y aprovecha esa ventaja, preparando más violencia, más asonadas, más irrespeto a la autoridad.

Ridículos llamados de atención en público como el realizado al comandante de Policía de La Dorada en Caldas por el homicidio de un campesino en otra jurisdicción, en Puerto Salgar (Cundinamarca), lo único que demuestra es el aprovechamiento político y el aplauso de la tribuna para las redes y el titular, a costa del desprecio por estos servidores públicos y exculpar su propia responsabilidad en la falta de conducción de la seguridad en el país.

Los mensajes ambiguos, mezclados con los llamados al falso diálogo o a “entender” las exigencias locales, sin dejar claro que la violencia, la intimidación, el secuestro de uniformados y la obstrucción de la función pública son delitos, no tienen justificación alguna ni contexto que las legitime.

Finalmente es un dilema mediático porque ese uso legítimo de la fuerza, tiene de entrada el prejuicio y el rotulo del abuso de autoridad. Absolutamente injusto ¿Entonces para qué las armas otorgadas constitucionalmente por el Estado, si no están para defender a las víctimas de los violentos a quienes sufren los crímenes de los ilegales? ¿Si no están para capturar estos cabecillas y delincuentes? Toda predisposición contra el actuar de la autoridad viola el debido proceso y hacen terrible mella en la institucionalidad, por la difusión de informaciones tergiversadas y sin comprobar, afectando la confianza y el buen nombre de nuestros militares y policías en sus procedimientos, que después, es muy difícil de recuperar. Una retractación ya no es noticia.

Además, cuando los mecanismos judiciales no avanzan lo suficientemente rápido contra los grupos ilegales que motivan estas asonadas, se refuerza la idea de que actúan con absoluta impunidad; peor aún, ganan una falsa “legitimidad”, mayor influencia y poder en el territorio, extrapolándose a reclamos de “autonomía” que rayan el principio de integridad territorial que establece la Constitución Política.

No podemos permitir que a la fuerza legítima del Estado, se le muestre como “invasora” o cuando los secuestran se diga que fue un “cerco humanitario”, como ocurrió con los 72 policías en Caquetá en 2023. Las asonadas no son solo actos de violencia física, son golpes a la autoridad moral, a la credibilidad de quienes tienen el deber constitucional de garantizar el orden. Si no se recupera la autoridad, no solo perderán terreno ante la violencia armada, sino ante su esencia y representación de la ley. No es cuestión de seguridad, es de legalidad, de dignidad y respaldo para los uniformados, y de justicia para quienes los agredan.