Antioquia firme contra el crimen

Desde la época de los carteles y del conflicto armado, Antioquia ha superado momentos críticos de violencia. Los dolorosos hechos que aún reposan en la memoria, como el secuestro y posterior homicidio del entonces gobernador Guillermo Gaviria y su asesor de paz Gilberto Echeverri, a manos del frente 34 de las Farc, el mismo que hoy goza y se beneficia con la suspensión de operaciones militares en su contra y también a pesar de las acciones criminales del Clan del Golfo en su formato criminal del “plan pistola”, esta región ha sabido imponerse ante los ilegales.

No han sido días fáciles. Son 27 ataques que la fuerza pública ha sufrido en las últimas tres semanas, que han dejado siete policías y cuatro militares muertos sólo en Antioquia. Es prácticamente un ataque por día. Como se ha reiterado, estas acciones no son casuales. Son el producto de tres años de improvisación, de falta de norte en la política de seguridad, de descapitalización de mandos con experiencia contra el crimen y el terrorismo por motivaciones políticas, de debilitamiento presupuestal y falta de respaldo a la fuerza pública, que sumado a las múltiples concesiones políticas y jurídicas a los grupos ilegales, hacen que la situación se haya vuelto insostenible.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, junto con otros mandatarios, asumiendo un liderazgo desde las regiones golpeadas por la violencia, expresa y representa el sentir, el dolor y la indignación de los colombianos ante la indiferente respuesta del Gobierno Nacional, negando que hay un caos de violencia, cuando en Chocó hay un paro armado del ELN, Cauca sufre cada semana un carro o motobomba, o el Valle siente el dolor del secuestro de un niño de once años en Jamundí. Esto sin contar la crisis humanitaria aún no resuelta en El Catatumbo, el secuestro de un soldado por el ELN en Arauca, los desplazamientos en Sur de Bolívar y sigue lista…

Por eso, ante la inacción política del Gobierno Nacional, es que el gobernador de Antioquia solicitó, por decreto, la figura de asistencia militar, amparada en la Ley 1801 de 2016 como recurso último para procurar la seguridad de sus habitantes. Los militares y policías, sus comandantes y directores, si bien comprometidos con la misión de proteger la vida de los colombianos, necesitan el firme respaldo del Estado en términos de recursos, voluntad política y lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, de seguridad jurídica.

Es inaceptable que la fuerza pública siga maniatada y 20 días después del nefasto decreto 0448 que ordena la suspensión de operaciones militares y que prácticamente dio vía libre para que las disidencias de las Farc asesinaran los siete militares en Guaviare, esta figura siga vigente a costa de querer una “paz express” con el frente 33 en Norte de Santander. Lo dijo alias Calarcá en su entrevista en Semana: no se van a desmovilizar en este Gobierno.

Pero Antioquia no se rinde. Siempre ha probado tesón y ha sabido sobreponerse a la violencia con trabajo y liderazgo. Tampoco cede: al igual que muchos gobernadores y alcaldes en las regiones, conscientes de la seguridad como bien público y condición esencial para el desarrollo social y económico, persisten apoyando su fuerza pública, convocando a la sociedad para rodearla y haciéndose presentes donde la comunidad afligida por la inseguridad los necesita.

Proyectos estratégicos siguen en desarrollo. El Túnel del Toyo, una megaestructura articulada con 17 túneles, 30 puentes y nuevas vías, reducirá los tiempos de transporte a solo cuatro horas entre Medellín y Urabá. Su integración con las autopistas Mar 1 y 2, conectará la nueva infraestructura multipropósito de Puerto Antioquia y constituirán la terminal portuaria más cercana a Bogotá y al Eje Cafetero, impulsando el comercio internacional, generando empleo y mejorando la competitividad regional.

La iniciativa de la Tasa especial de seguridad garantizará la implementación de un escudo tecnológico para proteger comercio, zonas rurales, residenciales y vías, integrando cámaras públicas y privadas, mediante la conexión de fibra óptica en 5.000 km de vías secundarias, logrando un monitoreo inteligente y de analítica, aunado a una mayor capacidad de reacción con los Escuadrones Militares y Policiales Antioquia Segura-Empas. Además, mejorará en infraestructura y equipamiento para la fuerza pública, la construcción de la cárcel departamental, liberando policías para el patrullaje y también, con una apuesta en prevención, adecuará espacios y placas deportivas, con el fin de prevenir el delito, promover la recreación y el sano esparcimiento.

Por eso, como han señalado los mandatarios regionales y locales, Colombia se salva desde las regiones. Es con decisión, gerencia pública, transparencia y ejecución que se administra el Estado, no con discursos, ni culpando de la propia incompetencia a las instituciones o a los poderes públicos. Es del lado de nuestra fuerza pública, de empresarios, emprendedores y de los colombianos que honran día a día con su trabajo a sus familias, que el país se saca adelante. No desistamos.