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La nueva reforma tributaria radicada ante el Congreso el pasado 20 de julio responde a la necesidad de conseguir recursos en un escenario económico en crisis. La pérdida de credibilidad respecto a las finanzas públicas del país nos ha llevado al punto de haber perdido el grado de inversión por parte de las calificadoras de riesgo Fitch Ratings y Standard & Poor’s.
Para nadie es un secreto que esta reforma no responde a las necesidades de ajuste fiscal estructural en el país en el sentido de que le ha dado prioridad a la consecución de recursos para el corto plazo. Por esto, desde el mismo Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) se reconoció la inminente necesidad de otra reforma fiscal, por lo menos, en 2023.
A continuación, señalo, de manera no exhaustiva, algunos de los puntos que esta tributaria omite y que no permiten que sea la reforma fiscal que el país necesita. Impuestos verdes: la Ocde ha hecho recomendaciones a Colombia sobre la necesidad de una mayor aplicación de impuestos ambientales, pues para 2011 Colombia se ubicaba como uno de los países con menor recaudo por este concepto. Estos tributos no solo son importantes desde el punto de vista fiscal, sino también por su capacidad de incidir en comportamientos deseados.
Pese a esta necesidad, la nueva reforma tributaria prefirió dejar de lado la inclusión de impuestos ambientales que incluso habían sido propuestos en la tributaria pasada. Entre estos se resaltan los impuestos sobre plásticos de un solo uso o los impuestos sobre el consumo de plaguicidas.
Exenciones tributarias: de acuerdo con la Comisión de Expertos en Beneficios Tributarios en su informe para 2021, es necesario que Colombia se aparte del uso excesivo de gastos tributarios pues los costos asociados a estos superan por mucho a sus beneficios. Uno de los beneficios más criticables es el de las deducciones al impuesto de renta para personas naturales, las cuales aumentan de forma proporcional al nivel de ingreso.
En general, estos beneficios son extremadamente regresivos e implican un amplio costo fiscal. De acuerdo con el MFMP de 2021, el costo fiscal de los gastos tributarios correspondiente a los tratamientos preferenciales respecto al Impuesto sobre la Renta, IVA, Impuesto Nacional al Carbono y el Impuesto sobre Gasolina y ACPM correspondió a $66.312 miles de millones de pesos en 2020, es decir al 6,6% del PIB.
Este tipo de medidas no son las únicas que omite la propuesta del Gobierno. Por esto, buscaremos la inclusión de propuestas tales como mayores exigencias en las determinaciones de austeridad del gasto, así como una tarifa diferencial de renta que proteja al tejido empresarial que apenas está comenzando la senda de recuperación.
También consideramos que en la tributaria se deben buscar medidas en pro de la reactivación del Valle del Cauca, tales como mayores beneficios en la ampliación del Paef, la creación de una Zona Económica y Social Especial para Buenaventura y la inclusión de costos en la reconstrucción del Sistema Integrado de Transporte Masivo de Cali y los demás municipios afectados por las alteraciones de orden público.
Estas son algunas de las medidas que no considera la actual reforma tributaria y por las cuales buscaremos propender en el debate. Es mucho lo que le falta al país para desarrollar un sistema tributario más justo y progresivo, y en esta dirección buscaremos trabajar.
