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A raíz de los debates que se han suscitado por el nombramiento de la ingenua y poco preparada para el cargo, Ministra de Minas y Energía han salido voces en el partido de gobierno en su defensa argumentando que a diferencia de una anterior Ministra en de esa cartera que fue vinculado a un contrato fraudulento, la actual titular no tenía tacha en su honestidad.
Esa argumentación hace patente el nivel de degradación al que ha llegado la percepción del servicio público en el sentido que ahora lo que debería ser una condición básica del comportamiento de todo ciudadano, la honestidad, se ha convertido en una virtud escasa que justifica la falta de idoneidad de los funcionarios. En efecto parecería que la necesidad de tener funcionarios competentes pasa a un segundo plano porque lo importante es señalar que son honestos, así no lo sean por solo hecho de no tener la honestidad de admitir que no tiene las competencias necesarias para administrar lo que se le encargo, causando con ello graves daños al erario y al bienestar de los colombianos.
Muy a pesar de esa valoración en la designación de los funcionarios la realidad es distinta. Ministros y consejeros plagiadores, funcionarios con procesos avanzados en las diversas instancias judiciales aparecen en los decretos de nombramiento sin que ello tenga consecuencias. Y no es exclusivo de este gobierno este comportamiento y esta doble moral, sino que es una practica que se ha venido extendiendo a todo nivel. A nivel de Ejecutivo, a nivel del Congreso, de la rama judicial, de las gobernaciones y las alcaldías. Dado la que honestidad es la excepción, es esa virtud que pocos la ostentan, la practica generalizada es la corrupción.
La pregunta que se hacen los ciudadanos es porque si esta tan extendida la practica de apropiarse de alguna forma del dinero público son tan pocos los casos que avanzan en la justicia. Para vigilar los dineros del estado hay todo un batallón de entidades que no sirven para el efecto que fueron creadas ya que allí también se hace evidente la corrupción. Contraloría nacional, contralorías departamentales, contralorías municipales, procuraduría, fiscalías, veedores y en fin todo un arsenal que en condiciones normales debería impedir que este cáncer siguiera avanzando a la luz pública.
No hay duda de que hay funcionarios públicos honestos e idóneos, pero por lo general los puestos que tienen origen en la política ven en los nombramientos la oportunidad de hacer su agosto. No de otra forma se explica la falta de honestidad ideológica de los partidos que se ha hecho evidente en la conformación de las bancadas en el congreso. De apoyar a un candidato de derecha en la segunda vuelta presidencial los partidos no tienen inconveniente, sin mediar acuerdos programáticos, en dar la voltereta burocrática porqué el fin ultimo de esos partidos es el botín burocrático.
Si no hay autoridad moral y honestidad en los partidos mal puede pedírsele a su militancia representada en la administración pública que se rija por uno estándares de honestidad que le son ajenos al partido. La honestidad es pues una virtud escasa y no una condición fundamental y ello va creando un clima de impunidad y un circulo vicioso de la corrupción. El principal reto del presente gobierno que promete cambios profundos debería ser restablecer la honestidad como pieza fundamental del manejo del Estado.
