¿Quién responde?

“Uno de los principales hallazgos de la Comisión (de expertos de la Ocde sobre el asunto tributario) es que el sistema no está alineado con los estándares y buenas prácticas internacionales. Además, es ineficiente, complejo y poco progresivo”. No creo que esta conclusión haya tomado por sorpresa a nadie pues este es el sistema en el cual las empresas pagan los mayores impuestos y a su vez el país que menos tributa como relación entre el recaudo y el PIB y si esto es así es que algo anda terriblemente mal.

Ante este diagnóstico la pregunta que queda sin respuesta es aquella de quién es el responsable del esperpento. Gobierno que se precie en los últimos veinte años tramita al menos dos reformas tributarias, después de “gravar en piedra” que no se alteraría el sistema tributario y de todas esas reformas no ha habido ningún esfuerzo para darle coherencia al sistema fiscal para que, como dice el informe, sea eficiente y equitativo.

La lógica de las reformas tributarias o fiscales es así; primero el respectivo ministro de Hacienda hace cálculos de cuánto dinero hace falta para atender las promesas electorales y tapar el hueco del antecesor. Hecho este cálculo, los “genios” fiscales se sientan alrededor de una mesa a pensar a qué le pueden echar mano, sin reflexionar el impacto que ello tendrá en toda la estructura tributaria, o la inversión o la equidad. Así de pronto uno salta con la idea brillante de gravar las transacciones bancarias, sea tres por mil o cuatro por mil y el ministro de turno pregunta; “¿Y eso cuánto nos da?” y hechas las cuentas es claro que aún falta para echar mano de algo más para tapar el hueco. Seguramente a estos técnicos los animan buenas intenciones, pero adolecen de falta de visión integral. Los mueven lógicas como el que más transacciones hace, debe ser más rico y por lo tanto gravémoslo, sin pensar que esto atenta contra la bancarización.

Lo importe no es que la colcha de retazos que salga de la Carrera Séptima sea una herramienta de desarrollo y equidad, sino que así lo parezca. Por ello es importante señalar que sin ese esfuerzo fiscal los programas sociales de la nación están en grave peligro y que los impuestos caen sobre los más ricos porque son ellos los que deben pagar los platos rotos; hay que gravar la riqueza como si esta fuese un pecado. Con ese discurso se presenta un documento con cuatros por mil, impuestos al patrimonio y todas las fuentes posibles que se envía al Congreso para su discusión.

Ahí se inicia la segunda parte de este enredado proceso. Empieza el lobby que de paso no está regulado en nuestro país y con la ayuda de “expertos tributarios” el esperpento se va tornando cada vez inequitativo, porque solo los grandes “cacaos” que financian las campañas tienen la capacidad de influir sobre las decisiones finales. El Frankestein resultante ha venido sufriendo adiciones, modificaciones, rectificaciones que dada la lógica con la cual nacen esas acciones lo que ha logrado en el tiempo es que el monstruo sea tal como lo señala la Comisión de Expertos.

¡Vuelve y juega! Más promesas sociales, más impuesto a la riqueza, el mismo cuatro por mil y que la clase media pague. ¿No será que este Gobierno logra hacerle caso a la Comisión y hace el “revolcón” fiscal necesario y que, en lugar de usar su poder en el Congreso para nombrar entes fiscalizadores afines, lo usa para darle al país un estatuto tributario moderno eficiente y equitativo?