Precarización del empleo público

La contratación por prestación de servicios ha sido una modalidad de contratación pública ampliamente explotada en Colombia, a pesar de las promesas de cambio y la evidente precarización laboral que genera. En 2024, el país registra 1.174.183 trabajadores en entidades estatales del nivel nacional, de los cuales 161.767, es decir, 14,9% están vinculados mediante contratos de prestación de servicios. Esta modalidad, que debería ser excepcional (y no debería está relacionada con funciones misionales), no solo se mantiene, sino que en muchas entidades es la norma, afectando la estabilidad laboral y la transparencia en la gestión pública. Por lo tanto, esto hace necesario analizar algunos de los datos que el portal Colombia Compra Eficiente presenta para 2024.

El impacto financiero de esta práctica es monumental. En solo un año, estos 161.767 trabajadores suscribieron 207.459 contratos, con pagos que superaron los $7 billones. Además, en promedio, cada contratista firmó más de un convenio en el mismo año, lo que indica que muchos deben renovar periódicamente sus contratos sin garantía de continuidad. El caso del Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena, es alarmante: en 2023, esta entidad tuvo 32.713 personas contratadas bajo la figura de prestación de servicios, lo que representó pagos por $1,2 billones. En el segundo lugar de contratación por OPS se encuentra el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Dane, que vinculó a 16.733 trabajadores mediante esta modalidad, con pagos de $274.000 millones. Por su parte, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Icbf, registró 8.795 contratistas, evidenciando la magnitud de esta forma de contratación en las entidades estatales.

No obstante, el problema no se limita a nivel nacional. En las regiones, la contratación por prestación de servicios es aún más alarmante. Los entes territoriales firmaron 65,8% de todos los contratos OPS del país entre enero y diciembre de 2024, lo que representó pagos por $8,6 billones. Esto demuestra que, lejos de ser un fenómeno aislado, la tercerización laboral en el sector público es un problema estructural.

Además, existe una brecha de género en la distribución de estos contratos. Un 54,8% de los trabajadores bajo la modalidad OPS son mujeres, mientras que 40,7% son hombres. Sin embargo, cuando se trata de contratos con montos elevados, el panorama cambia drásticamente: 55,9% de los convenios por más de $25 millones están en manos de hombres, mientras que, solo 35,8% fueron otorgados a mujeres. Esto evidencia que, además de la precarización laboral, hay una clara desigualdad en el acceso a contratos mejor remunerados para las mujeres.

Mientras tanto, las entidades nacionales apenas representaron 34,8% de los contratos OPS en 2024, con las grandes corporaciones autónomas quedándose con solo 0,10% del total y contratos por apenas $9.000 millones. Esto sugiere que la mayor carga de esta modalidad laboral se encuentra en el nivel territorial, donde el control sobre estos procesos es aún más difuso.

Frente a estas cifras, la pregunta es inevitable: ¿cuánto más puede sostenerse este modelo de contratación? La evidencia muestra que la tercerización laboral no es una solución temporal, sino una estrategia recurrente del Estado para reducir costos a expensas de los derechos de sus trabajadores. Sin una reforma estructural que ponga la lupa en la estabilidad laboral y la eficiencia en la contratación pública, la precarización seguirá siendo la norma, afectando no solo a los empleados, sino también la calidad de los servicios estatales.