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En varias oportunidades me he referido indirectamente al mal uso del principio de precaución al tomar decisiones que requieren una evaluación del riesgo rigurosa. Hay dos razones por las cuales sucede esto: la primera, se confunde riesgo (medible) con percepción del riesgo, en medio de muy diversos actores de la sociedad cuya experiencia y conocimiento a menudo son mínimos. La segunda, los intereses que incitan a sub o sobrevalorar el riesgo. Como todas las actividades humanas generan cambios ambientales, el debate acerca de sus efectos potenciales es tan indispensable como complejo: se requiere llegar a acuerdos donde no se paralice la sociedad por inacción, pero tampoco se le condene a peligros emergentes en el futuro.
Las discusiones acerca del “fracking” o los “transgénicos” en el Congreso evidencian a fondo estas dimensiones de la precaución en la agenda política y legislativa del país. En la mayoría de los casos, prima la percepción negativa del cambio como resultado de una combinación letal de situaciones: la dificultad para establecer y comunicar argumentos científicos dentro de un colectivo junto con la resistencia, a menudo ideológica o prejuiciada frente a los agentes institucionales públicos o privados que se requieren para gestionarlo. Sale perjudicada la ciencia, porque no sólo no se aceptan sus procedimientos, sino se cuestiona su legitimidad tras el escudo de la supuesta “diversidad epistemológica” populista y oportunista que se mimetiza, para mal de los pueblos indígenas, en la existencia de diferentes perspectivas culturales con arraigo milenario. Torrentes de información falsa alimentan entonces debates que solo favorecen a los mercadotecnistas de los poderes: el miedo al cambio climático o las acusaciones contra ciertas empresas, por ejemplo, eligen alcaldes y congresistas henchidos de carreta y barras bravas, más peligrosas que el mismo problema que los convoca. Claro, es la reacción al otro extremo del péndulo, donde los poderes corporativos son los electores...
El mal uso del principio de precaución, inicialmente estructurado en torno a la adopción de nuevas tecnologías, está generando más riesgos que los proyectos a los que se pretende aplicar, que no corresponden a su ámbito. El caso más generalizado es el de la política minera, lleno de mitos, desinformación y afirmaciones interesadas y convenientes en el corto plazo de los eventos electorales, pero que de hacer carrera amenazan dejarnos sin un mínimo de recursos para la transición energética y fiscal que requiere el país. La falsa dicotomía entre oro, cobre y biodiversidad, por ejemplo, amenaza consolidarse sin un fundamento que establezca que la explotación responsable de minerales pone en peligro la selva o el agua, más allá de los riesgos obvios de cualquier actividad humana.
Las agendas de política de algunos sectores han visto en el principio de precaución un caballito de batalla perfecto para atacar todo lo que no gusta, sin necesidad de datos y con el argumento de que no ha habido suficiente información y participación para tomar decisiones. A consideración del populista irresponsable, el único bienestar posible proviene de seguirle a él o ella, condenando a las generaciones futuras a la pobreza con el argumento de estarlas protegiendo. Sin embargo, la sostenibilidad no consiste en promover la inacción con base en el culto a nadie, ni en generalizaciones que todos compartimos como el respeto a la vida, el derecho al agua y el ambiente sano, sino en llenar de contenido el cambio con profunda responsabilidad.
