Las interfaces político científicas

Desde hace un tiempo para acá se ha venido construyendo un nuevo tipo de arreglo institucional para favorecer la articulación e integración del conocimiento y las decisiones estratégicas en temas ambientales. Las IPC, o “interfaces político científicas” son un mecanismo de construcción y validación compartida de conocimiento entre varios actores y en condiciones de alta incertidumbre, donde no es tan fácil tomar decisiones objetivas o sencillas, pues los datos disponibles no son suficientes o no siguen un patrón reconocido. La mayoría de asuntos ambientales cae dentro de esta categoría, cada vez más como regla y no excepción; de allí los debates tan simplistas y radicales con los que se están afrontando la mayoría de decisiones asociadas, en colaboración con oportunistas y pescadores en río revuelto.

Las consideraciones centrales de una IPC parten del reconocimiento de percepciones muy diferentes acerca del riesgo y la incertidumbre en las decisiones ambientales, que existe poca inversión para construir modelos cognitivos públicos a la altura de los privados, la tardanza en orientar recursos de la Nación para abordar casos críticos específicos, la demanda irreal de ciertos políticos de tener “verdades” inobjetables para basar sus propuestas, la mala calidad de la planificación de la investigación, la pobrísima diseminación, uso e interpretación de resultados de investigación, las dificultades para decidir cuál es el conocimiento “de calidad” (el mejor y más actualizado, lejos de argumentos de autoridad) y el peso de la historia: ciencia y política desconfían mucho entre sí. Estos atributos de la relación son de autoría de la iniciativa Sepi de la Unión Europea (http://www.spiral-project.eu/content/sepi-science-eu-environment-policy-interface), demostrando ya desde 2012 cómo la preocupación por la calidad de las decisiones ambientales no era un problema exclusivo de países como Colombia.

La idea de que nuestro país podría desarrollar una plataforma permanente de ciencia y política en temas ambientales podría ser un tema relevante de fortalecimiento del Sina en el postacuerdo, pues todo está dispuesto para ello: una red institucional pública de autoridades centrales y descentralizadas, un conjunto de institutos de investigación mixtos que acogen academia, ONG y a Colciencias, unas fuerzas sociales preocupadas, y un conjunto de normas y procesos explícitos en la Ley 99 y subsecuentes que bien podría desarrollarse en este sentido, además como muestra de la capacidad de liderazgo internacional que nuestra megadiversidad requiere y promueve. 

Faltaría consolidar una serie de espacios y procedimientos para que una IPC fuese más efectiva y a ello responde el trabajo que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible está promoviendo en conjunto con el Earth Institute de la Universidad de Columbia en NY, el Instituto Interamericano para el Cambio Global (IAI) y la plataforma intergubernamental IPBES, todas ellas instancias preocupadas por la mutua incidencia de los sistemas de conocimiento en la gestión adecuada de la diversidad biológica planetaria ante las tendencias continuas de extinción y colapso. 

Superar la polarización que ronda las decisiones de licenciamiento ambiental, las de grandes obras de infraestructura o las que implican transformaciones del territorio es una tarea indispensable para no reconstruir conflictos innecesarios y canalizar las diferencias de criterio por el camino de la democracia.