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Justicia ambiental

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Vivimos un momento en el que la inequidad pretende ser resuelta vía sentencia jurídica.

A los requerimientos del Alcalde de New York contra algunas empresas petroleras se sumó la semana pasada la interesante tutela instaurada por un grupo de personas asesoradas por Dejusticia para reclamar sus derechos constitucionales a un ambiente sano, un principio irrenunciable en la distribución equitativa de los efectos económicos y sociales de las decisiones de política pública o la acción privada.

En el Chocó colombiano el río Atrato reclamó el derecho a existir como entidad perjudicada por la minería ilegal y la deforestación, un mecanismo innovador pero complejo para bajarnos del pedestal antropocéntrico y buscar alternativas para una gestión ambiental más incluyente.

En otras reclamaciones menos conocidas, comunidades étnicas del mismo departamento reclamaron indemnizaciones multimillonarias por los perjuicios ambientales derivados de la incapacidad del Estado de hacer cumplir la Ley.

Todo parece indicar que, de continuar esta tendencia, toda la ciudadanía terminará demandándose a sí misma ante las contradicciones que representa la ruptura entre gobernar y administrar justicia ambiental para todos. Y todas.

Estamos viviendo un momento en el cual la inequidad dominante pretende ser resuelta vía sentencia jurídica, algo que busca revolucionar la naturaleza de todas las instituciones y del mismo Estado.

La perspectiva de intervenir las políticas de desarrollo vía instrumentos legales, sin embargo, genera un debate que debería resolverse en las relaciones del Congreso de la República y el Ejecutivo, no sólo en los tribunales que reciben las avalanchas de una justicia indispensable pero inviable a la escala en la que se está planteando: las indemnizaciones que podrían reclamarse por efectos del “mal desarrollo” además de ser difícilmente sustentadas con objetividad, seguramente son equivalentes al PIB de las naciones, reiterando la necesidad de buscar la equidad social mediante la política, no solo en los estrados.

Codechocó ha recibido un requerimiento de $250.000 millones para resarcir efectos de la minería y deforestación ilegal. Como autoridad es evidentemente responsable, no necesariamente por omisión, sino por limitaciones evidentes al ejercicio del control territorial.

¿Trasladará su demanda al Ministerio de Defensa u otros entes? ¿Son demandables en los tribunales ordinarios los efectos colaterales del conflicto armado o deberían resolverse con políticas de Estado más consecuentes con las aspiraciones de la sociedad colombiana?

¿Se estarán preparando las demandas por los daños derivados de la deforestación ilegal en el Guaviare o el Caquetá? ¿Quién deberá responder, siendo una situación advertida y denunciada: los funcionarios, exmilitares, excombatientes o personas naturales que se están repartiendo la tierra para lavarla en un futuro no muy lejano o los elegidos del 2018?

Demandar al Estado por gobernar mal suena extraño: al votar o no votar, nos comprometemos en cómplices de sus decisiones, por acción u omisión.

A ver si escogemos mejor entonces, porque esperar sentados a que llegue el cheque compensatorio puede ser la peor política… a menos que autoricemos profundizar el extractivismo sin salvaguarda para tener con qué seguir moviendo el círculo vicioso de la devastación, lo contrario a una política consecuente con una demanda social cada vez más cualificada en torno a sus derechos al ambiente sano.

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