Uno: Todas las decisiones críticas que afronta el país, acordes con un modelo de desarrollo que dice reconocer la importancia de la gestión ambiental, dependen de la disponibilidad de información. Nadie se imagina al ministro de Hacienda proponiendo una reforma tributaria sin una clara lectura de series históricas de datos, indicadores sintéticos, tendencias y modelos interpretativos que soporten su visión política. Igual le ocurre, imaginamos, a la ministra de Educación cuando aborda la reforma universitaria y debe poner a consideración de la opinión pública datos de los costos reales de mantener un estudiante en el sistema, o indicadores del déficit de cupos. Y qué decir del ministro de Agricultura, o del de Defensa… En fin, las decisiones de política requieren información permanente, accesible, relevante, oportuna y oficial.
Dos: Las decisiones ambientales, que son transversales y sirven a todos, son en la actualidad las más críticas. El SINA, del cual el Ministerio de Ambiente es cabeza, coordina y depende a su vez del Sistema de Información Ambiental para Colombia (SIAC), y recoge los aportes de los institutos de investigación adscritos y vinculados (a su vez constituidos por universidades, ONG, entes territoriales), de las CAR, e incluso de organismos internacionales, y los convierte en fuente de información, depurada, organizada e interpretada dentro de los parámetros de la planificación, para la toma de decisiones. En teoría. Lo cierto es que su debilidad ha hecho que a menudo el mismo Estado recurra a revendedores de información que promueven sus propios intereses o los de terceros anónimos, que buscan posicionar visiones particulares de la política o de la aplicación de la autoridad ambiental y acaban debilitando aún más el sistema. Por supuesto, ningún gobierno puede permitir eso: qué tal la ANLA emitiendo resoluciones con base en información exclusiva del mismo regulado, sin un criterio propio para contrastarlas, sopesarlas y tomar las mejores decisiones en cumplimiento de la ley. O que la administración de áreas protegidas diseñara los parques nacionales y sus parámetros de gestión sin un contenido técnico reconocido por la academia, público y abierto al escrutinio. El Dane sabe lo que es producir y circular información e indicadores robustos, y el Estado y los empresarios, lo que cuesta navegar a tientas.
Tres: Se invierte en el Minambiente menos del 1% del presupuesto nacional, con lo cual las expectativas de país de pertenecer al club de la OECD son mínimas, ya que los países más desarrollados son los que hacen mayor énfasis en la necesidad de una regulación ambiental de la máxima calidad, con reglas y parámetros claros y contundentes. Y el SIAC recibe una pequeña porción de ese 1 %, debiendo acudir al Fondo Nacional de Adaptación para que el Ideam adquiera estaciones hidrometeorológicas y sistemas de radar para predicciones en un país que perdió más de $11 billones por efecto del fenómeno de La Niña.
Invertir en información es una prioridad, entonces. Pero es indispensable invertir con una guía clara y un norte de eficiencia, donde los aportes públicos y los del sector privado, este último el más interesado en una gestión ambiental transparente para acceder a mercados de calidad, a certificaciones, o a tecnología apropiada (es decir al mundo de la economía verde), se hagan bajo mecanismos regulados donde el Estado guíe la cooperación hacia el mejoramiento de la gestión. Es decir, hay que invertir, con el direccionamiento de la política ambiental y su ministerio, no el de intereses particulares, y garantizar además la convergencia de los recursos, en vez de su fragmentación: los del Sistema de Ciencia y Tecnología, que divagan por otros lares, los de las agencias de hidrocarburos y minería, emulando a Ecopetrol y sus aportes en información para proteger la biodiversidad, o los de la cooperación de países como Holanda o Francia, incluso más comprometidos con la generación de capacidades y el fortalecimiento de las instituciones públicas que muchas organizaciones ambientales transnacionales.
