La insolvencia empresarial exige una lectura rigurosa y territorial

Para una adecuada comprensión de lo que ocurre en el mundo empresarial colombiano se requiere una mirada integral, alejada de interpretaciones apresuradas y cercana a la realidad de las regiones. Analizar la insolvencia exige salir de la comodidad del escritorio, contrastar la información y entender las particularidades de un tejido empresarial diverso, dinámico y en transformación.

Las cifras deben leerse en contexto. Colombia superó en 2025 las 1,8 millones de empresas activas y mantiene una dinámica de crecimiento sostenido, con más de 311.000 nuevas matrículas frente a 209.000 cancelaciones, lo que implica un crecimiento neto superior a 100.000 unidades productivas.

En ese universo, las liquidaciones representan menos de 0,03%, una proporción que permite dimensionar correctamente el fenómeno.

Para profundizar en el análisis, es importante aclarar que la Superintendencia de Sociedades ha clasificado las empresas en categorías A, B y C, con el propósito de brindar un tratamiento diferenciado según las necesidades técnicas derivadas de su tamaño y características. Las empresas tipo A corresponden a aquellas con mayores ingresos y, por tanto, con mayor incidencia en el crédito dentro de los procesos concursales. En el otro extremo, las tipo C agrupan a las micro y pequeñas empresas, que concentran una parte significativa del tejido productivo del país y presentan dinámicas particulares en materia de acceso a financiación y sostenibilidad.

Esta segmentación permite identificar con mayor precisión las tendencias del sistema. En las empresas de mayor tamaño, categorías A y B, se observa con claridad un proceso de estabilización. Las liquidaciones de empresas A pasaron de 30 en 2022 a 21 en 2023, 8 en 2024 y 4 en 2025. En las empresas B, la tendencia también refleja una corrección frente a los niveles observados en años anteriores. Estos datos evidencian un proceso de ajuste posterior a la pandemia y una recuperación progresiva en los segmentos empresariales más estructurados.

El comportamiento es distinto en las empresas de menor tamaño. Las tipo C concentran la mayor parte de los procesos de liquidación, lo cual responde a su naturaleza, a sus restricciones de financiamiento y a su mayor exposición a los ciclos económicos. Esta realidad, ahora visible con mayor claridad, obliga a orientar las acciones institucionales hacia los segmentos donde se concentra la vulnerabilidad.

Este nivel de lectura no era posible hace algunos años. Antes de 2023, la Superintendencia de Sociedades no contaba con un sistema de información consolidado, oportuno y con trazabilidad suficiente para analizar el fenómeno en tiempo real. Hoy, el Atlas de Insolvencia representa una apuesta por la transparencia basada en innovación y tecnología. Lo que antes se gestionaba en hojas de cálculo con actualizaciones periódicas hoy es un sistema que captura en tiempo real la información del Sistema General de Información de Sociedades y la transforma en un tablero público que permite observar el estado de salud del tejido empresarial con rigor y oportunidad.

Gracias a esta capacidad analítica, la entidad ha reorientado su acción. Durante años, la supervisión se concentró principalmente en empresas grandes. Hoy, con sistemas como SIIS, Sifin, Safia, el Módulo de Información y el Atlas de Insolvencia, el enfoque se ha ampliado hacia la prevención, el salvamento empresarial y la protección del orden económico en todos los segmentos.

Esta evidencia ha llevado a una decisión institucional clara. La Superintendencia ha salido a las regiones, donde se concentra el microempresariado, para acercar soluciones concretas. A través de las ferias de promoción empresarial se han facilitado oportunidades de financiación, promoviendo líneas como Creo del Banco Agrario, articulando cooperativas de ahorro y crédito y vinculando entidades como Invima, la Sic, la Dian y el Fondo Nacional de Garantías. El objetivo es que el empresario encuentre respuestas en su territorio y continúe su proceso de crecimiento.

El cambio también se refleja en el uso del sistema. Cada vez más empresas acuden a la insolvencia de manera formal para reorganizarse o liquidarse de forma ordenada, lo que fortalece la transparencia y la protección de los acreedores. El aumento en los procesos no es, por sí mismo, un indicador de deterioro, sino de mayor uso institucional y de una cultura empresarial más responsable.

En este contexto, el análisis de la insolvencia exige mayor rigor. No es suficiente observar cifras aisladas ni extrapolar conclusiones sin distinguir entre segmentos empresariales o tipos de procesos. La información disponible permite una lectura más sofisticada, pero también exige responsabilidad en su interpretación.

Este es también un llamado a la academia y a los centros de pensamiento. La comprensión del tejido empresarial no puede limitarse a la lectura fría de datos. Requiere aproximarse a las regiones, entender las condiciones reales en las que operan las empresas y construir análisis que integren contexto, territorio y dinámica económica.

La información hoy es pública, trazable y oportuna. El reto no es acceder a ella, sino interpretarla con objetividad, profundidad y seriedad. Solo así es posible construir diagnósticos acertados y contribuir al fortalecimiento del tejido empresarial colombiano.