Desafíos de las Pymes de ingeniería en Colombia

Escrito por: Mauricio Santamaría, Nelson Vera y Ekaterina Cuéllar

Uno de los retos de la administración Duque es redoblar esfuerzos en el programa de dotación de infraestructura vial de Cuarta Generación 4G (requiriendo inversiones por $60 billones) y complementarlo con actuaciones en los llamados corredores prioritarios de comercio exterior. Así se lograría habilitar la movilidad de mercancías en las rutas clave desde los principales centros de producción hacia los puertos del país (Caribe-Pacífico), donde se han identificado al menos treinta proyectos clave. De lograrse avanzar en ese desafío dual de infraestructura (4G + Corredores de Comercio Exterior).

Colombia tendría las bases para elevar su crecimiento potencial del actual 3% anual hacia el añorado 4%-4,5% anual en 2022-2026. Aunque, esto también requerirá avanzar en la flexibilización del mercado laboral y reformas estructurales clave, especialmente en materia fiscal.

Ahora bien, en dicho contexto macro de la infraestructura no debe olvidarse el papel clave que juegan las Pymes de ingeniería en la reactivación del sector. Infortunadamente, en los últimos años, dichas Pymes han estado algo rezagadas en el debate nacional, pues las discusiones se han centrado en proporcionar las condiciones adecuadas para la participación de las grandes empresas en el desarrollo de los megaproyectos.

Dicha relevancia de las Pymes en el sector de infraestructura tiene que ver con los siguientes elementos: i) subcontratación en esos megaproyectos; ii) actividades de administración-operación-mantenimiento de las vías; y iii) desarrollo de la red vial regional (vías secundarias y terciarias), donde se tienen los indicadores más precarios de calidad y conectividad, dificultando la evacuación de los productos agrícolas desde el interior de las zonas rurales. Una mayor participación de dichas Pymes en los proyectos de infraestructura tendría beneficios para el sector en materia de: i) mayor nivel de competencia en la adjudicación de contratos públicos; y ii) potenciales de mayor innovación y mejoras en rubros clave de atención al cliente (o entidad contratante) y flexibilidad-operativa (ver Kaspar y Puddephatt, 2012).

Lograr esa mayor participación de las Pymes de ingeniería requiere de una política pública de promoción e impulso a este segmento empresarial. Es particularmente clave abordar los desafíos referentes a requisitos de participación, acceso a fuentes de financiamiento, mejores prácticas contractuales y fomento a la innovación (a pesar de los evidentes avances logrados con la implementación de los pliegos tipo de la Ley 1882 de 2018).

Esta nota resume los hallazgos de una investigación sobre los Desafíos de la Pymes de ingeniería en Colombia, realizada por Anif para la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI). El objetivo de dicho estudio fue analizar los principales elementos de política pública que promoverían esa mayor participación de las Pymes de ingeniería en el sector de infraestructura. Allí las mejores prácticas internacionales sugieren principios rectores referentes a (ver Comisión Europea, 2008): i) superar dificultades en materia del tamaño de los contratos (implementando subdivisiones en las mega-obras para facilitar la participación empresarial); ii) garantizar el acceso-calidad de la información relevante; iii) establecer criterios de calificación y requerimientos proporcionales al objeto contractual; iv) aliviar la carga administrativa; v) hacer énfasis en la relación calidad-precio (evitando prácticas de ofertas “depredadoras”); vi) proporcionar tiempo suficiente para la elaboración de propuestas; y vii) garantizar cronogramas de pagos. Esto último es particularmente relevante dados los desafíos que enfrentan las Pymes en materia de liquidez.

Para el caso de Colombia, las principales fuentes de acción serían:
Requisitos de participación
• Apuntalar los avances del pliego tipo con la extensión de su aplicación hacia las actividades de interventoría y consultoría (tal como viene aplicándose en el proceso de construcción). También se requiere de un mayor seguimiento a la aplicación de los Documentos tipo a nivel nacional. Para ello se recomienda: i) crear un observatorio encargado de supervisar la implementación de dichos Documentos, el cual estaría a cargo de Colombia Compra Eficiente, debiéndose contar también con el apoyo del Ministerio de Transporte y del sector privado (estableciéndose un canal de comunicación directo para denuncias ante incumplimientos de las entidades estatales); y ii) instaurar una mayor vigilancia por parte de los órganos de control (Procuraduría y Contraloría, aplicando el esquema de vigilancia preventiva de la función pública) para asegurar la implementación de los documentos tipo en la contratación pública. Esto último debe estar acompañado por la aplicación de sanciones (monetarias y legales) para las entidades estatales que no cumplan con dicha reglamentación.

Acceso a fuentes de financiamiento
• Evaluar atenuantes en el no otorgamiento de anticipos para las Pymes de ingeniería, dadas sus restricciones de liquidez-capital. En particular, se propone implementar un “Programa Piloto de Anticipos” para los contratos de obra pública (de infraestructura de transporte), siguiendo las recomendaciones de las “Mesas de Trabajo Interinstitucional” de 2015. Esto implicaría anticipos de 30% para contratos de construcción menores a $10.000 millones y de 20% para aquellos entre $10.000-$20.000 millones.