¡Es el empleo, estúpido!

Parafraseando al presidente Clinton, la mayor prioridad para este Gobierno debe ser la generación de empleo. El presidente Duque lo tiene claro y viene impulsando políticas novedosas en ese sentido, como la Economía Naranja y entidades como iNNpulsa, para reactivar la economía. Pero ante una tasa de desempleo de dos dígitos y el flujo de millones de venezolanos buscando oportunidades en el país, hay que trabajar con la clase empresarial para salir adelante.

No es inusual que en época electoral y ante la incertidumbre que representa la guerra comercial entre Estados Unidos y China para la economía global, que líderes de izquierda prometan lo imposible sin noción alguna de cómo financiarlo.

Pero que la propuesta de incrementar el salario mínimo, aumentar la prima extralegal y disminuir las horas de trabajo, venga de alguien como el Senador Uribe, líder de la bancada de Gobierno y el Presidente que en la década anterior, le devolvió la esperanza a Colombia con su política de seguridad democrática y confianza inversionista, lo deja a uno un poco desconcertado.
Son propuestas más pensadas en beneficiar a la clase trabajadora que en solucionar el problema del desempleo. Como es fiel creyente en el ‘powerpeople’ sobre el ‘powerpoint’, debería proponer soluciones para los que no tienen, y ser más coherente con la defensa del capitalismo y la economía de mercados, en vez de dejarse llevar por las corrientes populistas -de izquierda o derecha- que tanto cautivan.

El salario es un precio que se fija como contraprestación al trabajo. Subirlo arbitrariamente aumentaría los costos de producción; agregar una prima extralegal generaría una mayor carga prestacional; disminuir la jornada laboral afectaría la capacidad productiva. Todo esto haría más difícil contratar, aumentaría los costos de producción, incrementaría los precios de los bienes y servicios, dispararía la inflación y en últimas, desincentivaría a los empresarios a generar nuevos empleos y a replantear sus estrategias de inversión de largo plazo en el país.

Si a esto le sumamos reformas tributarias, dólar disparado, incremento en precios de las materias primas, nuevos aranceles en mercados relevantes, paros laborales, y una clase empresarial estigmatizada por la justicia y los entes de control, lo único que vamos a lograr es un país menos competitivo, más costoso para invertir, con tasas de desempleo más altas, mayor informalidad, y con una bomba social a punto de estallar.

La oposición le apuesta a esto para convertirse en una opción de poder.
Entiendan, es un tema de oferta y demanda. Si las empresas quieren atraer y retener talento, van a tener que aumentar sus salarios y beneficios extralegales para ser competitivos en el mercado laboral, pero no porque se los imponga el Gobierno. Van a generar más puestos de trabajo si hay más demanda.

La intervención del Estado debe estar enfocada en generar condiciones de competitividad, combatir la corrupción, mejorar la infraestructura, incorporar nuevas tecnologías, lograr acceso al crédito y disminuir el pasivo pensional, entre otros.

Tenemos mucho por hacer, pero necesitamos trabajar juntos para explotar las oportunidades, en vez de insistir en propuestas anquilosadas que contribuyen a la lucha de clases.